Crecimiento estable de la economía

Crecimiento estable de la economía

Basta un acercamiento a la realidad económica, por leve que sea, para comprender que la política de estabilidad no agota su contenido en el único objetivo de conseguir un nivel de producción y renta que permita la plena utilización de los recursos de la sociedad. Como bien es conocido, la política de estabilización suele concretarse en cuatro diferentes fines:

• Estabilizar la producción y renta al nivel de pleno empleo
• Permitir un crecimiento estable a largo plazo de la economía
• Mantener dentro de límites tolerables el crecimiento de los precios
• Lograr un equilibrio en las relaciones económicas con el resto del mundo, esto es, en la balanza de pagos.

En términos más concretos referidos a España, los objetivos en que se concreta la estabilidad global a partir de 1998 pasan a ser los derivados del esquema de crecimiento en una senda de estabilidad característico de la Unión Económica y Monetaria (UEM). El Tratado de Maastricht del 7 de febrero de 1992 estableció dos exigencias fiscales para acceder a la Unión Monetaria: el déficit público -calculado conforme a unos criterios homogéneos- no debería exceder del 3% del PIB, o, al menos, mostrar con claridad su tendencia hacia ese valor, y la tasas de endeudamiento público respecto al PIB no debería superar el 60%. La ansiada participación en la Unión Monetaria motivo la adopción de políticas fiscales austeras y la extensión del uso de medidas de contención del gasto público. Sin embargo, una vez alcanzado el comentado objetivo en mayo de 1998, persistía el peligro de que dichas medidas no fueran mantenidas en el futuro. Con el fin de asegurar que, tras la introducción de la moneda única, los criterios de convergencia fijados en Maastricht continuaran siendo estrictamente respetados por los países que participen en la misma, las políticas fiscales nacionales deberían encuadrarse en el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aprobado en la Cumbre de Ámsterdam el 17 de junio de 1997.

Los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son reforzar la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas, es decir, tratar de que los Estados miembros aporten todas las medidas necesarias para impedir que sus políticas económicas conduzcan a déficit públicos excesivos. Evitar la cuenta a las políticas fiscales del pasado, garantizar la independencia del Banco Central Europeo, de manera que los países con déficit excesivos no le generen presiones para que adopte una política monetaria más acorde con sus intereses, y, en fin, evitar que los países, aún satisfaciendo los requisitos de convergencia, puedan tras la entrada en la Unión Económica y Monetaria relajar sus políticas presupuestarias y afectar negativamente al conjunto de la Unión.

Mención aparte merece, y aunque solo sea en unas pocas líneas, la Reformas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobada el 22 de marzo de 2005. En efecto, los líderes de la Unión Europea aprobaron la reforma de las normas para reconstruir el dañado Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la regios, haciéndose eco de las exigencias alemanas y francesas de un mayor margen de gasto público como medida para salir de los problemas económicos.

Aunque los 25 líderes de la UE ratificaron la exigencia de un déficit presupuestos anual no superior al 3% del PIB, las nuevas reglas dan mayor libertad y flexibilidad a las naciones para obviar el límite en situaciones excepcionales. En el futuro, aquellos gobiernos con déficit excesivos pueden evitar sanciones temporalmente si demuestras que el gasto tiene un objetivo valido, como puede ser la financiación de la investigación y desarrollo, la defensa, la reestructuración económica y social, la unificación europea o la ayuda internacional. Cualquier país que supere el límite del 3% tiene hasta cinco años para volver al porcentaje permitido.

En una economía como la española, caracterizada por un cierto grado o nivel de desarrollo e integrada en un área supranacional como la Unión Europea, la determinación del significado de crecimiento estable de la económica como objetivo a cuyo logro debe contribuir la actividad financiera del Sector Publico, es un ejercicio que obliga a una triple tarea: analizar los condicionantes que a dicho objetivo impone la pertenencia del país a un área integrada como la UE, glosar las características definitorias de tal objetivo en el marco de las exigencias que esos condicionantes plantean a la economía española, y sabes cómo instrumentalizar el logro de los objetivos que deben perseguirse en pro de la convergencia económica.
En el primer apartado de este artículo se analizan los dos primeros aspectos del concepto de crecimiento económico estable. El segundo se destina al estudio de las políticas instrumentales para el logro de ese objetivo.

SIGNIFICADO DE CRECIMIENTO ECONOMICO ESTABLE


• Condicionantes supranacionales al crecimiento económico estable

En la delimitación del objetivo del crecimiento económica estable en una economía que, como la española, se halla integrada en la CEE, ha de repararse necesariamente en ciertos rasgos característicos de este proceso de integración económica internacional. Cuatro son, básicamente, esos rasgos:

1. La tendencia, como objetivo, hacia la convergencia económica. El objetivo que preside el proceso de la UE; como el de cualquier otra área integrada, no es otro que lograr que los países miembros alcancen niveles equiparables de vida, al amparo de una misma filosofía económica inspirada en el mercado y la competencia entre sectores productivos como vías básicas de promoción del crecimiento económica. La idea subyacente a este proceso es, dicho de forma más escueta, la de lograr una convergencia en los niveles de vida y pautas de comportamientos, articulada en torno al mercado como vía instrumental para su consecución.

2. La predisposición al logro de la estabilidad precios. De todos es sabia es que Alemania es un país en el que la estabilidad de los precios no es solo unos objetivos macroeconómicos perseguido por los responsables económicos del país, sino que deviene incluso una exigencia del ciudadano medio, por su emergencia repulsa a la inflación. El incuestionable liderazgo que ejerce este país en la CEE, a cuyo comportamiento se van plegando los demás países miembros, induce, razonablemente, a pensar que toda política que desee llevar a cabo cualquier de estos países ha de implementarse dentro de un marco de estabilidad de precios.

3. Plena libertad de movimientos de los factores productivos y los productos entre los países integrantes, como condición sine qua non para la consolidación del mercado único. En la CEE no debe hacer, por principio, barreras de ningún tupo para esta libertad de movimientos.

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4. Existencia de una política de solidaridad. Por medio de una política de esta naturaleza se pretende impedir que los principios rectores del mercado y la competencia generen serios perjuicios a las económicas nacionales menos desarrolladas, a la vez que coadyuvar a que estos países alcancen la convergencia, impulsando su crecimiento.

Tales son, en suma, las características esenciales que definen el proceso de integración económica y que condicionan la noción del objetivo de crecimiento estable de cualquier de estas económicas nacionales. La cuestión crucial es, obviamente, ¿Cómo podríamos definir este concepto para un país como España?

  • Exigencias del proceso de integración europea para la economía española

En su aplicación a la economía española, una aproximación al significado de crecimiento estable requiere considerar las exigencias que derivas de los condicionantes que nos impone la pertenencia a la CEE. Estas exigencias pueden resumirse en cuatro puntos:

Estabilizar la economía. Como se recordará, existe una norma básica para la convergencia nominal entre las económicas que integran la UE, establecida en el Tratado de Maastricht conforme a la cual el déficit público no debe exceder de un 3% del PIB. En España, sin embargo, desde la restauración de la democracia, y salvo el trienio 2005-2007, en el que las cuentas públicas se cerraron con superávit (1.21% del PIB en 2005; 2.20% en 2006 y 2.00% en 2007), el déficit público no solo ha sido persistente en el tiempo y de elevada cuantía, sino que lo que es aún más significativo, ha sido asimismo un déficit con un elevado componente estructural (por causa de la naturaleza del gasto que realiza nuestro Sector Publico) y que se ha venido autoalimentando con la carga de intereses de la deuda pública. En una situación económica normal, los déficits presupuestarios empobrecen a la larga la economía porque las grandes emisiones de deuda publica excluyen o expulsan a la inversión privada, al impulsar al alza a los tipos de interés e inducir, por consiguiente, una reducción de las inversiones empresariales y, por añadidura, de la tasa de crecimiento económico a largo plazo.

 

 

No obstante, en las circunstancias actuales, que no son precisamente normales, es claro que la austeridad presupuestaria no conduciría a una reducción de los tipos de interés a corto plazo, por cuanto estos están controlados por los bancos centrales, que en la actualidad están reduciéndolos hasta los niveles más bajos posibles y no cambiaran esta política salvo que la económica se recaliente y suba la inflación. Por otra parte, los tipos de interés a largo plazo, que se encuentran a su nivel más bajo desde hace medio siglo, son principalmente el reflejo de los tipos de interés a corto plazo esperados en el futuro. Por ello, aunque la austeridad presupuestaria podría hacerlos descender aún más, parece evidente que ello se conseguiría a costa de mantener deprimida la económica durante largo tiempo, lo que se traduciría en una reducción de la inversión en vez de un aumento. Menor inversión que traería consigo un crecimiento del desempleo, un mayor descenso de los gastos de los consumidores, recortes adicionales de las inversiones empresariales y, en definitiva, un ciclo de mayor contracción.

Algunos acérrimos de la iniciativa privada podrían aducir que en una crisis ya existe un efectos fiscales automático, porque los ingresos impositivos relaciones con la producción y la renta se reducen y el gasto público, especialmente el subsidio de paro, aumenta, dando lugar a un déficit de estabilización automática. En España, de hecho, esa respuesta automática de ingresos y gastos a la actual coyuntura transformo el superávit presupuestario de 2007 en un déficit que, en este momento, se estima en el 5,8 del PIB para el conjunto de 2014.

Sin embargo, como siempre ha ocurrido, la acción presupuestaria derivada de los estabilizadores automáticas es insuficiente, en parte por su propio nivel y en parte por la escasa capacidad de estímulo de las reducciones impositivas. En una situación de ralentización de la economía, la reducción de la recaudación no se produce porque las actividades económicas paguen menos impuestos, sino porque la actividad gravada se habrá reducido. En consecuencias, es preciso complementar los efectos de estabilización automática con otras medidas presupuestarias discrecionales si se quiere contribuir a elevar el nivel de actividad y reducir el paro.
Resolver el problema de la inflación es, por otra parte, otra necesidad imperiosa para la estabilidad en Espala, que nos ha de llevar a adoptar políticas que permitan que nuestros precios crezcan por debajo de la media comunitaria.

La española es una inflación que responde en su caracterización a lo que en la terminología económica se conoce como inflación dual. Los precios de nuestros servicios son superiores a los de los productos industriales y, en consecuencias, en términos comparativos, el sector servicios español presenta una menor apertura a la competencia internacional. En realidad, sucede que no pocos de nuestros servicios se hallan intervenidos y no siguen criterios de mercado, mientras otros, bastantes de los que se prestan a las empresas (servicios de asesoramiento fiscal, contable, legal…) son relativamente más costosos en España que en el resto de los países de la UE, por lo que las empresas industriales que tienen que competir con las de otros miembros comunitarios se encuentran en situación de desventaja comparativa.
Al mismo tiempo, si bien es cierto que hasta tiempos relativamente recientes, los costes laborales en España se situaban en niveles inferiores que en la UE, generándose así un diferencias de coste que permitía a nuestras empresas incrementar sus ventas de bienes y servicios y, en general, su competitividad en el exterior, no lo es menor que esta ventaja relativa ha venido menguando progresivamente con el tiempo, en razón de un acelerado crecimiento de los salarios, con frecuencia superior al de la productividad. La inflación difícilmente puede declinar si todas las rentas pagadas en el país se indician periódicamente respecto a la tasa que la mide.

• Acelerar el crecimiento económico. En el proceso de integración de España en la Europa comunitaria, otro reto fundamental que tiene que afrontar la sociedad española para lograr una convergencia real es el acelerar el crecimiento de su economía (medido por el PIB per cápita), de manera que pueda superarse la tasa media de crecimiento del conjunto de los países miembros y alcanzar con la mayor celeridad estos valores medios. Desde una perspectiva retroactiva, el crecimiento experimentado por la economía española durante los últimos veinte años nos ha hecho converger, en promedio, respecto a la media comunitaria, tan solo en un punto porcentual por año. En 2014 el PIB per cápita en España se encuentra por debajo de la media de la UEM.

La apremiante necesidad de incrementar la inversión, si se quiere elevar la producción, aumentar la productividad y a la postre, mejorar la posición competitiva de nuestra economía.

• Lograr un equilibrio entre ahorro e inversión dentro de la economía. En cualquier país el ahorro interno ha de ser suficiente para financiar la inversión por él requerida. En España, la tasa de ahorro nacional muestra una tendencia al alta. Su composición presenta en 2014 cierta singularidad, ya que se ha producido un importante aumento del ahorro privado, y una constante del desahorro publico en una cuantia importante (tres puntos y medio del PIB en 2014). Un hecho preocupante ya que denota la incapacidad del sistema de ingresos corrientes, especialmente impositivos, para financiar la prestación de servicios públicos normales y los compromisos de prestaciones sociales de las Administraciones Publicas.

Por ello, la intensificación de los esfuerzos que se traduzcan en un aumento del ahorro interno se presenta hoy como la única senda segura para conducir a la económica española hacia la convergencia económica con la Europa comunitaria.

• Lograr un equilibrio en las cuentas externas. Una exigencia adicional a las expuestas son anterioridad, en aras de esa pretendida convergencia, es la de tratar de alcanzar un cierto equilibrio en las cuentas exteriores o, lo que viene a ser lo mismo, tratar de mantener el menor desequilibrio posible en estas cuentas. En lo que a España se refiere, la balanza comercial ha registrado tradicionalmente un saldo negativo, que, también por tradición, ha venido compensándose en parte mediante el saldo positivo de la balanza de turismo. Sin embargo, la balanza por cuenta corriente arroja en el presente un saldo positivo de entre el 1% y el 1,5% del PIB.

En los últimos años previos a la crisis financiera de 2008, España creció más que los países de la UE, porque invirtió en mayor medida, y empresas y familias se endeudaron considerablemente asumiendo un mayor nivel de riesgo. Este excesivo recurso al endeudamiento exterior esta, sin duda, en la base de las actuales dificultades de las entidades financieras ante el colapso del mercado interbancario internacional.

El reto al que se enfrenta la economía española en la actualidad en este terreno es, por lo tanto, procurar mantener el saldo de la balanza por cuenta corriente en términos positivos a lo largo de un ciclo, evitando para ello que el endeudamiento se acentúe.