Capitulaciones matrimoniales y derecho imperativo en el régimen económico del matrimonio

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  • Las capitulaciones matrimoniales

La libertad ma1trimonial de organización del régimen económico matrimonial se estructura a través del otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales. Las denominadas capitulaciones matrimoniales son un acuerdo de naturaleza contractual, en virtud del cual podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonia o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, respecto de cuyo régimen jurídico deben retenerse las siguiese precisiones:

  1. Tiempo en que han de ser otorgadas. Las capitulaciones podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio.
  2. Capacidad. Naturalmente el mayor de edad puede otorgar capitulaciones. La peculiaridad consiste en este caso en que el menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones matrimoniales, pero necesitara el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o participación. Respecto al incapacitado judicialmente, solo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador.
  3. Forma. Dada la trascendencia de los pactos matrimoniales, las generalidades de las legislaciones exigen para ellos la forma pública. Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. Se trata, pues, de un contrato formal o solemne.
  4. Publicidad. Dado que la organización económica del matrimonio no es cuestión que interese solo a los cónyuges, sino en general a todos cuantos con ellos se relacionen. Exige el Código civil la publicidad de las capitulaciones.
  5. Modificación. Cabe distinguir entre la modificación de las capitulaciones que lleva consigo optar por un régimen económico del matrimonio diverso al vigente hasta dicho momento y la modificación de las capitulaciones que suponga la alteración de aspectos concretos del contenido del régimen establecido con anterioridad. Ambas modificaciones son perfectamente posibles.

Ahora bien, hay que distinguir entre la modificación de cláusulas que afecten exclusivamente a los cónyuges, en cuyo caso podrán realizarla libremente, antes o después del matrimonio: y la que afecte a otorgantes distintos de los contrayentes. Para este último caso: “para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en estas intervinieron como otorgantes si vivieran y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas”.

En cuanto a la publicidad de los pactos modificativos, la existencia de actos modificativos de anteriores capitulaciones se indicará mediante nota en la escritura que contenga la anterior estipulación y el notario lo hará constar en las copias que expida.

  1. Invalidez. Para el caso de que no se respeten estas normas, la invalidad de las capitulaciones matrimoniales se regirá por las reglas generales del contrato. Las consecuencias de la anulación no perjudicaran a terceros de buena fe.
  2. Limitaciones. Sera nula cualquier estipulación contraria a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.
  • Normas generales, relativas al régimen económico matrimonial, de carácter imperativo

El último de los preceptos considerados evidencia que, siendo libres para estipular su propio régimen económico matrimonial, los cónyuges han de someterse a una serie de normas de carácter imperativo, normas que se contemplan bajo la rúbrica disposiciones generales del régimen económico matrimonial. Por tanto, debe quedar claro que tales normas han de ser observadas sea cual fuere el régimen por el que los cónyuges opten. Estas normas también se conocer como sistema económico matrimonial primario.

Aunque los cónyuges hayan pactado la separación absoluta, gananciales o participación o cualquier otro sistema, estas normas se aplican antes y en convivencia con las de cualquier régimen económico, dejando sin efecto cualquier estipulación en contrario.

Uno de los criterios más importantes es la igualdad entre los cónyuges.

Otro aspecto importante en materia de derecho a contraer matrimonio es el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el que se afirma que tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de deferente sexo.

En cuanto se refiere a los aspectos puramente patrimoniales, tal principio de igualdad conyugal se desgrana fundamentalmente en las siguientes normas imperativas:

  • Ninguno de los cónyuges ostenta facultades exclusivas sobre los bienes conyugales comunes, ni puede atribuirse la representación del otro cónyuge si no le ha sido conferida por este.
  • Cualquiera de los cónyuges puede realizar los actos de administración relativos a las necesidades originarias de la familia. La atribución de la denominada potestad domestica a ambos cónyuges a hace que, frente a terceros, los bienes matrimoniales comunes queden afectados por la actuación de cualquier de los cónyuges. Es suficientemente expresivo, al respecto: “de las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.
  • Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las caras del matrimonio; cuando uno de los cónyuges incumpla este deber, el Juez dictara, a instancia del otro, las medidas cautelares oportunas; e incluso que, cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercer si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando este, se sufragaran a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de este impida al primera la obtención de beneficio de justicia gratuita.
  • Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. Con semejante precepto, se pretende garantizar la existencia del domicilio familiar, por entender la ley que constituye el mínimum necesario de la contribución del cónyuge propietario del mismo a las cargas del matrimonio.

Fuente: Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte. UNED

EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO
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