El deber general de cumplimiento de las normas

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Las normas jurídicas persiguen ordenar la vida en comunidad. Cumplen, pues, una función de ordenación social, imprescindible para que la vida en comunidad sea posible.

Desde el punto de vista social, el sentido de las normas se mide precisamente por su capacidad para desempeñar adecuadamente esa función ordenadora. Eso no quiere decir que las normas no deban ser justas, que efectivamente sí deben serlo; sino que, además de lo más justas posible y lo más idóneas, las normas deben sintonizar con las exigencias sociales imperantes y brindar soluciones adecuadas a los problemas que una determinada sociedad padezca.

En otros términos, las normas deben ser eficaces, deben ser aplicadas y observadas por sus destinatarios; y debido a ello se crea un aparato tendente a hacer realidad esos objetivos. Por eso, las normas deben ser eficaces; por eso también, se ponen los medios tendentes a hacer realidad los mandatos contenidos en las normas. Esto es particularmente claro respecto de las normas de origen legal: el aparato del Estado debe velar porque las normas legales sean efectivamente cumplidas y debe él mismo cumplirlas; por eso es un Estado de Derecho, que actúa sometido al dictado de las normas jurídicas. Las normas jurídicas de origen extra estatal (como la costumbre) también deben ser impuestas y aplicadas por los poderes públicos; así, los Tribunales de Justicia aplican también normas jurídicas consuetudinarias.

Con la finalidad de hacer realidad esa eficacia de las normas jurídicas es necesario articular una seria de presupuesto que en lo que ahora interesa pueden ser reducidos a, de una parte, la existencia de un deber general de cumplimiento de las normas jurídicas y, de otra parte, la predisposición de un conjunto de sanciones aplicables a los transgresores de ese deber general de cumplimiento de las normas.

EL DEBER GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Con matizaciones oportunas, cabe afirmar que son destinatarios de las normas jurídicas los sujetos integrados en la comunidad para la que se dictan las normas.

Aparte de por razones de la competencia territorial del órgano que dicta la norma, cabe también que los destinatarios de una norma concreta no sean todos los miembros de la comunidad, sino que la norma este dirigida a una categoría o grupo de sujetos. Así ocurre, por ejemplo, con las normas que regulan el contrato de trabajo, que solamente se aplican a los empleadores y sus trabajadores; o las normas que reglamentan las condiciones de trabajo de los funcionarios o empleados públicos; o las normas que establecen la necesidad de que los empresarios y comerciantes lleven una determinada contabilidad de sus operaciones, etc. Es decir, que en cada caso concreto habrá de averiguarse cuál es el colectivo directamente destinatario de una norma; si bien con carácter general las normas vinculan y deben ser respetadas por todos.

  • La ignorancia de la ley

Este problema es abordado y resuelto por nuevo sistema jurídico sobre las siguientes bases. En primer término, las normas deben ser objeto de publicidad. En segundo lugar, “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.

  • La exclusión voluntaria de la ley aplicable

Sin embargo, “la exclusión voluntaria de la ley aplicable solo será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros”.

El adecuado entendimiento de esta posibilidad de excluir voluntariamente la aplicación de una norma exige poner este asunto en relación con la distinción entre normas de derecho imperativo y normas de derecho dispositivo. Pues en efecto, junto a normas que se imponen absolutamente siempre con o contra la voluntad y deseos de sus destinatarios (normas de derecho imperativo o necesario) es frecuente que las normas autoricen a los pros interesados a reglamentar las situaciones que les afectan privadamente, estableciendo un conjunto de reglas particulares que traen su fuerza de la llamada autonomía de la voluntad de los particulares o autonomía privada.

Cuando esto sucede, la regulación contenida en la norma jurídica solamente entra en juego en defecto o ausencia de regulación convencional por parte de los interesados. Pues bien, cuando es ocurre, precisamente se está ante un caso de exclusión voluntaria de la Ley aplicable.

Fuente: Curso de Derecho civil patrimonial. Carlos Lasarte

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