El Derecho subjetivo y el deber. Potestades

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EL DERECHO SUBJETIVO

Al sujeto, entonces, se le dota de un ámbito dentro del cual puede desenvolverse para satisfacer sus necesidades e intereses de acuerdo con su propio criterio. Eso implica que se reconozca o atribuya el poder al sujeto de imponer su criterio y adoptar sus decisiones, de una manera jurídicamente eficaz; o lo que es lo mismo, que el ordenamiento respalde con los instrumentos que le son propios al poder otorgado a los particulares, tanto frente a los poderes públicos, cuanto frente a los demás particulares.

Ese poder que el ordenamiento otorga o reconoce a los particulares para que satisfagan sus propios intereses, se conoce técnicamente con el nombre de Derecho subjetivo.

Suele definirse el derecho subjetivo como la situación de poder concreto otorgada por el ordenamiento a un sujeto para que defienda y satisfaga sus propios intereses. Los distintos poderes concretos que integran un derecho subjetivo se suelen denominar facultades.

El ejemplo por excelencia de derecho subjetivo se encuentra en el derecho de propiedad privada. El propietario tiene el poder (y, por ende, la libertad) de utilizar lo suyo como tenga por conveniente y en su propio provecho; y a tal fin se le faculta para que las decisiones que adopte acerca de la utilización, explotación, etc., de lo suyo sean eficaces y se le facilitan instrumentos de protección de su propiedad frente a ataques o injerencias ajenas, que no cuenten con su anuencia o consentimiento. Por esto tiene, como regla, las facultades de uso, de goce, de exclusión, etc.

NORMA JURIDICA Y LIBERTAD DE LOS SUJETOS

El ordenamiento jurídico se compone por el conjunto de las reglas establecidas para la organización de la convivencia en comunidad. Con ese fin, las normas jurídicas ordenan a los particulares, individualmente considerados y en cuanto miembros de los colectivos sociales, y también a los poderes públicos, la observancia de los comportamientos, activos p pasivos, considerados necesarios o adecuados para mantener la organización social.

El ordenamiento jurídico no persigue asfixiar la libertad y capacidad de decisión de las personas, sino crear cauces y garantías para que esa libertad pueda ser adecuadamente ejercitada y establecer los criterios para que los conflictos, que irremediablemente surgen cuando se vive en una sociedad de hombres libres, puedan ser adecuadamente resueltos, estableciéndose la jerarquía de los valores que deben prevalecer los unos sobre los otros en los casos de conflicto, y las medidas de composición de intereses que mayor satisfacción reporten a las personas.

Por eso, porque el Derecho debe ser garante de la libertad, una de las mayores preocupaciones con que se enfrenta un ordenamiento jurídico como el nuestro, es el de establecer cortapisas y límites al poder arbitrario que desde las instancias públicas cabe ejercer sobre los ciudadanos. La expresión en la que se resume esa labor de contención del exceso de los poderes públicos es la del Estado de Derecho; expresión que se encuentra en el frontispicio de nuestro ordenamiento, pues en efecto el artículo 1.º1º de la Constitución proclama que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Según esto, los poderes públicos solamente pueden actuar al amparo y dentro de los cauces preestablecidos por el propio ordenamiento, persiguiéndose así la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, a que se refiere el artículo 9. 3º de la Constitución.

No basta, por ello, con crear baluartes de defensa de la persona frente a la agresión estatal, sino también defenderla frente a todo tipo de agresión y facilitarle una libertad dotada de un contenido lo suficientemente rico, como para que esos fines o fundamentos del orden político y de la paz social se puedan convertir en realidad, con el objetivo de que nuestra sociedad sea cada vez más justa y este integrada por hombres libres e iguales, tanto desde un punto de vista formas, cuanto desde el punto de vista material.

 

LAS POTESTADES

No todas las situaciones de poder que reconoce u otorga el ordenamiento jurídico a los sujetos merecen la calificación de derechos subjetivos. Esa calificación se reserva al poder que permite que su titular persiga la satisfacción de sus propios intereses.

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Desde este punto de vista, el derecho subjetivo implicas aun poder de carácter egoísta, que se fundamenta sobre el presupuesto ideológico de suponer que nadie mejor que el propio interesado para decidir lo más conveniente a sus intereses de manera que, si cada uno consigue lo mejor para sí, el resultado será que se conseguirá el bienestar general por la suma de bienestares individuales.

Con independencia de que se comparta o no ese presupuesto y de los límites que se imponen a ese poder egoísta que subyace en el derecho subjetivo, hay otras situaciones en las cuales se otorga poder a los sujetos, pero no para satisfacer los intereses del titular, sino para que en el ejercicio de ese poder se sirvan intereses de otras personas. Así, por ejemplo, el ministro que detenta poder político y administrativo no lo ostenta en su beneficio propio. En el ámbito del Derecho privado es ejemplo de ese tipo de poder la llamada potestad de los padres o patria potestad; conjunto de poderes, facultades y deberes que detentan los padres sobre sus hijos menores, para ejercitarlos en beneficio precisamente de los hijos. Se habla entonces de potestad, como poder concedido por el ordenamiento a un sujeto para que lo ejercite en beneficio de los intereses de otra u otras personas.

DERECHO SUBJETIVO Y DEBER

Frente a las normas jurídicas existe el deber de acatamiento y cumplimiento. Pero no solo hay deber de respetar las normas, sino que también existe el deber de respetar los derechos ajenos con carácter general; más en particular y frente a derechos subjetivos concretos, nacen deberes jurídicos concretos.

Cuando alguien ostenta jurídicamente hablando, un poder, ese poder siempre se tiene sobre o frente a otras personas. El poder, el derecho subjetivo, genera, pues, un deber de sumisión y respeto para el sujeto pasivo del mismo. Luego todo derecho subjetivo tiene un lado pasivo: el del sujeto o sujetos que se encuentran vinculados, o sometidos al poder que el derecho subjetivo confiere.

En función de la amplitud del circulo de los sujetos pasivos de un determinado derecho subjetivo, suele distinguirse entre Derechos absolutos o erga omnes y Derechos relativos.

Se dice de un derecho que es absoluto cuando el sujeto pasivo comprende a todos los demás, dentro claro es del circulo espacial y temporal de ejercicio del derecho. Por eso se dice que es erga omnes, que en latín significa frente a todos. El propietario es dueño de sus cosas frente a cualquier persona; el sujeto pasivo del derecho de propiedad puede ser cualquier, pues no se es propietario frente a unas personas y no frente a otras.

Hay también derechos subjetivos que someten o vinculan solo a personas determinadas; eso ocurre por ejemplo con los llamados derechos de crédito, en los cuales, a su titular, el acreedor, se le otorga el poder de exigir de una persona concreta y determinada, el deudor, la observancia de una determinada conducta, que debe servir para satisfacer el poder, y así el interés, del acreedor. Por ejemplo, cuando el Banco Benefactor concede un préstamo a Diego Dineros, solo este queda obligado a devolver la cantidad recibida (y sus intereses). Por tanto, el Banco tiene un derecho respecto de o en relación con Diego Dineros y no frente c alquiler otra persona. De ahí que se hable de derecho relativo.

Fuente: Curso de Derecho civil patrimonial, de Carlos Lasarte

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