Estructura general y clases de las normas jurídicas

Estructura general y clases de las normas jurídicas

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ESTRUCTURA GENERAL Y CLASES DE LAS NORMAS JURIDICAS

El Derecho es fundamentalmente un instrumento ordenador de la convivencia social y, por tanto, se estructura en base a un conjunto de reglas que tratan de dar solución a los diversos conflictos sociales. Tales reglas, por su carácter, son denominadas normas jurídicas para distinguirlas así de otros tipos de normas (cortesía, educación, deberes sociales…).

El carácter propio de las normas jurídicas no viene dado solo por su obligatoriedad, sino también por la nota de coercibilidad, características de las normas jurídicas que se encuentra ausente en cualquier otro tipo de normas. Al afirmar que las normas jurídicas son coercitivas se pretende resaltar que la falta de observancia o respecto a las mismas puede originar su imposición por la fuerza, conforme a los instrumentos previstos por el Ordenamiento jurídico.

  • Norma jurídica y disposición normativa

Las normas jurídicas se caracterizan ante todo por contener un mandado de carácter general que vincula a todos los miembros de una determinada comunidad organizada, en cuanto emanado de las instituciones o grupos sociales legitimados para ellos. Tan normal jurídica es hoy día una ley emanada de las Cortes Generales españolas.

Por ello, conviene desde ahora diferenciar claramente entre:

  • Norma jurídica en sí: mandato jurídico con eficacia social organizadora, o, precepto regulador de la conducta de los ciudadanos, de carácter obligatorio y coercible, inspirado en un criterio de justicia, y
  • Disposición normativa: normalmente sirve de vehículo a aquella, sobre todo hoy en día que la mayor parte de las normas revisten la forma de Derecho escrito.
  • Disposiciones completas e incompletas

Es tradicional recurrir a la distinción entre:

  • Disposiciones jurídicas completas, o autónomas: serian portadoras de una norma jurídica propiamente dicha.
  • Disposiciones jurídicas incompletas, o auxiliares: éstas requerirían ser combinadas con otras del mismo carácter (para deducir de ellas el mandato normativo) o con disposiciones completas a las que están referidas (precisando detalles, limitando su ámbito de aplicación, etc.).

En concreto, pueden clasificarse como incompletas:

  1. Las disposiciones que tienen por finalidad aclarar o desenvolver conceptos o ideas fijadas en otras normas jurídicas.
  2. Las disposiciones de remisión o reenvío, en virtud de las cuales la solución a un supuesto de hecho determinado se ha de lograr aplicando reglas previstas expresamente por la ley para otro supuesto de hecho. Así pues, son disposiciones que no contienen en si una regulación propia y que se limitan a reenviar o remitir a una normativa ya existente.
  3. Las disposiciones que se limitan a concretar la aplicación y eficacia, en determinados casos, de una verdadera norma.
  • La estructura de la norma: supuesto de hecho y consecuencia jurídica

La distinción entre disposiciones jurídicas completas e incompletas tiene pues como misión fundamental subraya que la existencia de una norma jurídica requiere que la disposición o texto a considerar contenga un mandato (lo que no hay que asimilar necesariamente con prohibición) relativo a un conflicto de intereses que, por su trascendencia social, merezca la contemplación del Derecho.

De tal manera, la norma jurídica precisa, al menos, dos elementos fundamentales: una realidad social a regular y un mandato o precepto (prohibitivo o permisivo) referido a dicha realidad. Ambos elementos, naturalmente, son formulados en la norma con carácter general y abstracto y suelen ser identificados por la doctrina jurídica con los nombres de supuesto de hecho y consecuencia jurídica.

Denominase supuesto de hecho (o supuesto normativo) a las diversas situaciones fácticas a que están dirigidas las normas. Lo mismo puede tratarse un acto humano (robo, matrimonio), que de hechos naturales (hundimientos de una casa, que daña a los transeúntes; mutación del cauce de un rio), así como cualesquiera otras situaciones o circunstancias sociales que, por su generalizada existencia, aconsejen ser reguladas (la insolvencia de cualquier persona, la locura, el pago de los impuestos…).

Si el supuesto de hecho ha de identificarse con una determinada parcela de la realidad social contemplada por la norma, la consecuencia jurídica ha de referirse en cambio al campo del debe ser. Las reglas jurídicas no son meramente reglas lógicas, ni descriptivas, sino fundamentalmente reglas de carácter preceptivo que contiene siempre una valoración del conflicto de intereses de tienden a resolver, así como de la atribución de derechos o imposición de obligaciones que comportan. Por tanto, la norma jurídica no puede entenderse nunca en clase descriptiva (como ocurre, por ejemplo, con las leyes físicas), aunque por supuesto quepa analizarla críticamente desde otras perspectivas: ética, política, técnica, etc.

  • Abstracción y generalidad de la norma

Como s4e ha dicho, la norma ha de ser formulada de forma general y abstracta, de tal modo que el precepto o mandato falta para solucionar la generalidad de los conflictos sociales que pueden plantearse, atendiendo de una parte a los destinatarios, y de otra, a la multiplicidad de los supuestos de hecho que pueden darse en la materia regulada por la normal.

La nota de generalidad significa, en efecto, que la norma no está dirigida a una persona concreta y determinada, sino a una serie de personas o la colectividad toda.

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La abstracción viene requerida precisamente por la multiplicidad de los supuestos de hecho; la norma jurídica no puede contemplar el supuesto de hecho concreto, sino que debe quedar circunscrita a un supuesto tipo que permita su adecuación a una serie hipotética y pormenorizada de supuestos de hecho. La norma, pues, es un precepto que contemplan supuesto de hecho genérico o abstracto y la adecuación de este a un litigio o controversia concretos ha de llevarse a cabo mediante matizaciones reservadas a los técnicos en Derecho y, señaladamente, a los jueves a través de sus sentencias.

  • Normas de derecho común y de derecho especial

Ateniendo a la generalidad de las normas jurídicas y a la especialización de las diversas ramas del Derecho, de forma instrumental y para evitar lagunas del Derecho, así como reiteraciones innecesarias, es frecuente y necesario distinguir entre normas de Derecho común y de Derecho especial.

Con semejante contraposición se pretende destacar que ciertas normas o sectores normativos tienen por objeto la regulación de materias o relaciones jurídicas determinadas y concretas o, mejor, están dirigidas hacia un sector determinado de los destinatarios potenciales de las normal, los ciudadanos. Así pues, estos no vienen considerados o contemplados como personas en sí mismas, sino como integrantes de ciertos colectivos que están sometidos a un régimen jurídico propio, al que, por las razones avanzadas, se le considera especial; a los comerciantes y empresarios se les aplicara el Derecho mercantil, a los trabajadores por cuenta ajena el Derecho laboral…

Frente a ello, al sector normativo que constituye el tronco común del Derecho y que regula las relaciones entre personas sin ulteriores calificativos, se le denominada Derecho común para relatar que el mismo tiene una mayor generalidad y, por consiguiente, cumple una función supletoria respecto del Derecho especial de que se trate cuando este deja de regular alguna cuestión o materia que, por consiguiente, se be absorbida por la regulación de carácter más general (el denominado Derecho común).

En nuestro Ordenamiento jurídico, por las razones apuntada si además por numerosas razones históricas aquí omitidas, la función de Derecho común viene desempeñada por el derecho civil y, en particular, por el Código Civil, cuyo artículo 4.3º dispone precisamente que “las disposiciones de este Código se aplicaran como supletorias en las materias regias por otras leyes”; pese a que sea obligado reconocer que el desarrollo actual de los Derechos especiales, a partir de la Codificación, ha mitigado enormemente el valor del Código civil como Derecho común.

  • Normas de derecho general y de derecho particular

Aunque hasta ahora no se haya explicitado, la generalidad de las normas jurídicas tienen también un componente territorial, en el sentido de que normalmente son de aplicación en todo el territorio de una comunidad política dada (Nación). No obstante, dicha regla encuentra excepciones de bastante transcendencia y, por principio, es contrapuesta, por ejemplo, a la existencia de los Estados federales en los cuales los entes federados cuentan con legislación propia.

Entre las aludidas excepciones, en España adquieren particular importancia los denominados Derechos forales, como subsistema del Derecho civil aplicables en Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra.

Finalmente, es de destacar que el actual estado autonómico surgido del Constitución española de 1978 implica que, en la medida de sus competencias, cada una de las Comunidades Autónomas cuenta con un Derecho propio.

Para resaltar la diversidad de ámbitos territoriales de aplicación, las normas se dividen en:

  1. Normas de derecho general: aplicables a todo el territorio nacional, y
  2. Normas de derecho particular: aplicables a límites territoriales más reducidos: comarcas (fundamentalmente en las costumbres), regiones (los Derechos forales) o Comunidades Autónomas.
  • La imperatividad del derecho: normas imperativas y dispositivas

En cuanto instrumento ordenador de las relaciones sociales, el Derecho y las normas jurídicas que lo integran se caracterizan, genéricamente, por su imperatividad: el mandato contenido en la norma, como sabemos, tiene por finalidad ser cumplido.

Sin embargo, el mandato normativo no tiene siempre el carácter de una imposición o prohibición al ciudadano. Hay veces en que la norma pretende resolver problemas sociales que pueden presentarse si las personas al celebrar un determinado acto o contrato no son particularmente previsoras y echas en olvido cuestiones que, antes o después, acabaran saltando a la palestra: por ejemplo, ¿Quién pagara los gastos de escritura al vender una finca? ¿Cuál será el régimen económico del matrimonio=

Una experiencia secular aconseja prever legalmente tales eventualidades, aunque los protagonistas del acto jurídico en cuestión puedan establecer reglas particulares de resolución del problema diferentes a las legalmente establecidas (paga todos los gastos el vendedor, o el comprador, en vez de entrar en juego el artículo 1.455 CC).

Dicha técnica legislativa obliga a distinguir entre:

  1. Normas imperativas propiamente dichas (o de ius cogens); caracterizadas por que el mandato normativo no permite modificación alguna por los particulares. El supuesto de hecho regulado queda obligatoriamente circunscrito a la previsión legal, sin que la voluntad contraria de los sujetos intervinientes pueda derogarlo y sustituirlo por otra regla diferente. De ahí que, para referirse a esta categoría de normas jurídicas, se hable también, de forma figurada, de normas de Derecho inderogable.
  2. Normas dispositivas; mandatos normativos reguladores de supuestos de hecho que pueden ser sustituidos por las personas interesadas en ellos por reglas diversas. En tal caso, la norma jurídica desempeña una función supletoria de la propia capacidad de autorregulación del problema reconocido por el Ordenamiento jurídico a los particulares (autonomía privada). Por tal razón, es frecuente referirse a ellas como normas de Derecho supletorio.

Hablando en términos muy generales, el Derecho civil patrimonial está compuesto fundamentalmente por normas dispositivas. Por el contrario, el Derecho público (administrativo, fiscal, procesal) desconoce prácticamente la capacidad de autorregulación por los particulares; sería impensable que cada uno de nosotros pretendiéramos pagar los impuestos, conseguir subvención para la empresa, otorgar títulos universitarios, establecer los tramites de los juicios… a nuestra conveniencia.

Fuente: Curso de Derecho civil patrimonial. Carlos Lasarte.

LA NORMA JURÍDICA EN GENERAL: LA CONSTITUCIÓN
Estructura general y clases de normas jurídicas
La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978
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