La autonomía privada y el negocio jurídico

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Como se ve, cuando sujeto es titular de un derecho, indefectiblemente, hay otros sujetos que entran en juego, como titulares de deberes jurídicos en relación con el derecho de que se trate. Cualquier poder es poder frente o sobre otros; es decir, que los derechos comportan la existencia de relaciones entre personas.

Realmente sucede que el ordenamiento jurídico regula relaciones entre personas, pues el hombre, en cuanto ser que se desenvuelve en sociedad, debe atenerse a unas pautas de comportamiento que, en buena medida, son pautas señaladas por las normas jurídicas. Cuando las relaciones sociales son contempladas jurídicamente, se habla de relaciones con trascendencia jurídica o relaciones jurídicas.

Ese concepto de relación jurídica en conexión con el de derecho subjetivo es útil porque sirve para poner de relieve que las posiciones de poder no son concebidas como posiciones aisladas, sino que, de acuerdo con lo que sucede en la relación social, las personas se encuentran ligadas por un conjunto complejo de relaciones, integradas por situaciones de poder y de sumisión que, de algún modo, se contrarrestan y sirven de contrapeso.

LA AUTONOMIA PRIVADA

Hay, pues, relaciones jurídicas que suponen vínculos entre las personas que son titulares de derechos y deberes respectivos; de posiciones de dominación y sumisión, en definitiva, entre personas que consiente el ordenamiento dentro de los cauces prefijados.

Ese poder que tienen los particulares de establecer las reglas aplicables para lograr sus fines no es ciertamente ilimitado, pero existe. Y en la medida en que implica dotad a los particulares de una cierta potestad normativa o reglamentadora, jurídicamente eficaz, viene a ser el paralelismo del poder que tienen ciertos órganos de dictar reglas o normas jurídicas generales. Por eso, porque es poder de dictar normas que tienen los particulares, se habla de autonomía privada: poder de autorregulación y autogobierno por los particulares.

El reconocimiento de la autonomía privada supone que las relaciones entre particulares se encuentran sometidas no solo a las normas jurídicas en sentido estricto (ley, costumbre, principios generales), sino también a las reglas creadas por los propios particulares.

En materia de contratos, en la cual la autonomía privada desempeña un amplio juego, esta doble génesis de normas (el Derecho objetivo y la autonomía privada), quizás con términos no muy precisos, pero sí muy prácticos, ha hecho decir al legislador que las reglas creadas por los contratantes tienen fuerza de ley entre ellos. Un contratante está sometido a las normas creadas por el ordenamiento jurídico y a las normas creadas en el propio contrato, que no son, estas últimas, sino la autorregulación creada por los contratantes al servicio de sus intereses.

EL ACTO Y EL NEGOCIO JURIDICO

Atendiendo al grado de libertad de los particulares para autorregular sus intereses y a la eficacia jurídica de sus decisiones, se ha creado una distinción de alcance general: actos jurídicos y negocios jurídicos.

Hay ocasiones en las cuales la ley hace surgir determinadas consecuencias jurídicas del hecho de que un sujeto haya observado un cierto comportamiento voluntario; pero sin que las consecuencias jurídicas que se producen tengan que haber sido queridas por el autor de la conducta que las desencadena. Aquí no hay ciertamente poder de autorregulación por parte de los particulares, sino efectos jurídicos que la ley anuda a la observancia de comportamientos humanos voluntarios. Luego la decisión del particular interviene en la realización de la conducta que comporta esos efectos, pero no en la configuración de los efectos que se produzcan en sí, ni en el hecho de que esos efectos se produzcan o dejen de producir.

Así, por ejemplo, vender bienes de la gerencia antes de haberla aceptado o repudiado comporta, la aceptación de la misma, aunque el sujeto no tuviera la intención de que se produjera tal efecto. Así también, cuando se reclama al deudor que se retrasa en cumplir el pago de la deuda, se producen los efectos de la mora del deudor, aunque el acreedor ignore que su reclamación los comporta.

En otras ocasiones se reconoce a los particulares el poder de configurar los efectos que su comportamiento produzca, de acuerdo con sus deseos. Se habla entonces de negocios jurídicos, cuyo ejemplo típico es el contrato. Para el negocio jurídico se requiere el comportamiento voluntario tendente a crearlo y, además, la voluntad del sujeto o sujetos tiene la virtualidad de poder establecer los efectos y reglas que su comportamiento genera. Cuando se celebra un contrato, el contrato produce los efectos queridos por las partes y establecidos por el ordenamiento jurídico; luego se reconoce a los particulares poder de autorregulación, quedando vinculados por las reglas negociales que establezcan.

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En resumen, el Derecho objetivo regula las relaciones entre las personas creando a menudo cauces para que esas personas puedan ejercitar su libertad y capacidad de decidir. Para eso tiene que atribuirles el poder de decidir o imponer sus decisiones (derechos subjetivos y potestades), creando como consecuencia la sumisión de otros sujetos (deberes jurídicos) Ñ: todo lo cual se integra en el seno de las relaciones sociales que el ordenamiento jurídico regula (regulaciones jurídicas).

La libertad y capacidad de decisión de los sujetos significa también que los comportamientos voluntarios realizados por las personas son tomados en consideración por el ordenamiento, que les puede atribuir efectos, queridos o no por los intervinientes (actos jurídicos); o bien, como manifestación de la autonomía privada, puede el ordenamiento reconocer eficacia vinculante a la decisión de los particulares, que será así capaz de configurar el contenido de sus relaciones jurídicas (negocios jurídicos).

Fuente: Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte. UNED

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