La Constitución española de 27 de diciembre de 1978

La Constitución española de 27 de diciembre de 1978

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La Constitución, como todos sabemos por pura lógica ciudadana, es una ley de leyes en la que se encuentra la quintaesencia del ordenamiento jurídico, el conjunto de principios fundamentales que sirven de soporte al ordenamiento jurídico de una determinada comunidad.

La idea de Constitución expresada debe estar clara para todos si se recuerda, aunque sea vagamente, la Historia: cuando se inicia el periodo de construcción de la sociedad contemporánea, esto es, en la Revolución francesa, se comienza por promulgar Declaraciones de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que constituyen la quintaesencia del ordenamiento jurídico ya que, a partir de entonces, comienzan a adquirir fortuna y eco considerables. Simultáneamente, cuando comienza la independencia de la América del Norte, uno de los puntos de partida de los ciudadanos independentistas es precisamente la promulgación de una nueva Constitución.

La Constitución, pues, aparece en las sociedades modernas como una norma superior, como una disposición que tiene supremacía normativa respecto del conjunto del ordenamiento jurídico y con un contenido y con un presupuesto en principio bastante claro: en la Constitución interviene el pueblo y el pueblo es el que decide sobre los baremos fundamentales de la convivencia humana dentro de esta comunidad. Hay intervención por consiguiente de los detentadores de la soberanía y, así, por ejemplo, la Constitución americana comienza diciendo Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos (lo mismo puede decirse de la actual Constitución española). Pues bien, esta idea inicial de que la Constitución significa ante todo la intervención general del puesto, que es el detentados de la soberanía; y, en segundo lugar, la clasificación de cuáles son los principios fundamentales de la convivencia, puede decirse todavía hoy que es el criterio más adecuado para definir lo que una Constitución sea.

A pesar de ello, es cierto que, saltando unos años en la Historia, esta idea inicial del movimiento constitucionalista norteamericano se ve pronto desfigurada porque se le ataca tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Se le ataca desde posiciones conservadores por las Monarquías absolutas europeas hacen suya la idea y dictan Constituciones que, no obstante, el nombre, no responden a las ideas prístinas del movimiento constitucionalista. Así ocurriría en nuestro país con el Estatuto de Bayona, el Estatuto Real o la Constitución canovista; todas ellas se basan en la idea de que la soberanía reside en el monarca y que este cede o concede al pueblo, a la Nación, una Constitución. Se produce así una clara deformación del concepto inicial de Constitución.

Existen también deformaciones de la idea de Constitución por la izquierda, que se dan de forma paralela, sobre todo desde que las tesis hegelianas se deputan por el marxismo y este se traduce en los sistemas que se autodeterminan socialistas (es decir, los comunistas), en los que el concepto de Constitución sufre el mismo recortamiento; no es el pueblo, sino la quintaesencia del poder político, el buró político del partido único, quien dicta la Constitución, sin dar entrada por consiguiente a la propia decisión popular.

Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, el movimiento constitucionalista adquiere de nuevo fuerza y la Constitución sigue siendo la propia autodecisión popular de encontrar una norma suprema, una norma superior, una forma fundamental en la que asentar la propia convivencia política y ciudadana.

  • Caracterización general de la constitución española

En el preámbulo de la Constitución y, sobre todo, en su artículo primero, se identifican los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como los valores superiores del ordenamiento jurídico, que deben guiar no solo la actividad legislativa postconstitucional, sino todo el ordenamiento jurídico.

La Constitución promulgada el 29 de diciembre de 1978 se podría caracterizar ante todo porque es una Constitución bastante larga, con 169 artículos. Es las mas extensa de todas las anteriores, salvo la de Cádiz, que tenía 384 artículos, aunque la de 1978 tiene más palabras a pesar de tener menos artículos.

Junto a su acusada longitud, ha de resaltarse igualmente que no es una constitución ni original ni novedosa. La Constitución española actual sigue modelos bien conocidos, poniendo una vez mas de manifiesto que los constituyentes contemporáneos, desde la Constitución de Weimar de 1919, han seguido muy de cerca los modelos preexistentes.

De otra parte, la ineludible necesidad de buscar un consenso entre las diversas fuerzas políticas, de lograr soluciones de compromiso, ha traído consigo otras características típicas l de a Constitución española; la imprecisión y la ambigüedad. En principio, para el Derecho, asentado siempre en la idea de seguridad jurídica, la imprecisión no puede generar demasiadas simpatías. Pero hay también otro aspecto positivo que debe subrayarse; como no es una ideología absoluta la que impregna la Constitución, sino diferentes ideologías, permite que gobiernen -respetando la Constitución- fuerzas políticas de diferente signo.

Por ello, la Constitución puede considerarse, en definitiva, como una Constitución realista y adecuada a las circunstancias socioeconómicas actuales de la Nación, aunque no podemos obviar el debate política y social surgido en los últimos años entorno a la necesidad de una reforma constitucional en materias como la supresión de la preferencia del varón en la sucesión a la corona, así como el sistema de organización territorial, por ejemplo.

Debe finalmente señalarse que la Constitución es rígida, o si se prefiere, super-rígida. Con semejante termino, se pretende hacer referencia a una categoría de Derecho constitucional que identifica la rigidez de las constituciones con la dificultad de reforma de las misma; frente a aquellos procedimientos de reformas constitucional que se caracterizar por su facilidad.

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En efecto, la reforma de la Constitución requiere un alto grado de consenso entre los parlamentarios que representan al pueblo, como Disputados y Senadores, en las Cortes Generales.

  1. Cualquier proyecto de reforma constitucional deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado); bastando, de otra parte, una décima parte de los Diputados o Senadores para que el proyecto en su caso aprobado haya de ser sometido a referéndum popular.
  2. En caso de que la reforma afecte a toda la Constitución o una parte sustancial de la misma (título, preliminar, derechos y libertades de los ciudadanos y sistema de monarquía parlamentaria), se exigen, de forma acumulativa, lo siguientes requisitos:
    1. Que se apruebe el proyecto por mayoría de dos tercios de Diputados y Senadores y se procesa a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales.
    2. Que las nuevas Cámaras aprueben el nuevo texto constitucional igualmente por mayoría de dos tercios en cada una de ellas.
    3. Convocatoria de referéndum para ratificación del nuevo texto (total o parcial) constitucional.

Eficacia normativa de la constitución española

Con independencia de que la Constitución contenga ciertamente algunas declaraciones programáticas, lo cierto es que no cabe negar el valor propiamente normativo de la Constitución, ya sea directo en algunos casos o, en otros, indirecto o reflejo. Frente a las declaraciones enfáticas y a las formulaciones programáticas, tan abundantes en las Constituciones del siglo XIX, la Constitución actual se ha de caracterizar, ante todo, globalmente, como norma jurídica superior del ordenamiento jurídico.

Es una norma superior, porque en ella se define el propio sistema de fuentes del Derecho y porque se autoconfigura como Constitución rígida, autoconcendiendose una superlegalidad formal (no se puede modificar más que con los procedimientos reforzados de reforma constitucional ya estudiados) y al mismo tiempo una superlegalidad material, de acuerdo con la cual todo el resto del ordenamiento jurídico ha de adecuarse a la Constitución ya los principios y valores constitucionales.

Así lo imponen, fundamentalmente, el articulo 9º1 de la Constitución, integrando en el Título preliminar: “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; y, de otra parte, la disposición derogatoria tercera: “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”.

Fuente: Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte

LA NORMA JURÍDICA EN GENERAL: LA CONSTITUCIÓN
Estructura general y clases de normas jurídicas
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