La interpretación de las normas jurídicas

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LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS JURIDICAS

Las normas jurídicas expresan los criterios de ordenación de la convivencia social, empleando para ello un conjunto de palabras cuyo sentido ha de ser desentrañado por el aplicador del Derecho. Esta tarea de averiguación del sentido de las palabras que integran la norma, con la finalidad de aplicarla al caso planteado es la interpretación.

  • Elementos o criterios del a interpretación

Cuando se hablar de los elementos de la interpretación se hace referencia a los materiales sobre los que debe el intérprete dirigir su atención, con el fin de obtener como resultado la clarificación del sentido de la norma para ser aplicada al caso planteado.

  • Interpretación literal. Siendo la norma un conjunto de palabras, el primer material básico se encuentra integrado por las propias palabras que la componen, si bien no aisladamente consideradas, sino en el conjunto de la norma analizada. Se habla entonces de la interpretación literal y a ella se refiere el artículo 3.º1 del Código civil cuando establece que “las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras”. Esto plantea lógicamente el problema de que las palabras no tienen normalmente un único sentido propio, habiéndose entonces de averiguar en cuál de su posible sentido ha querido emplearlas la norma.

La consecuencia que se quiere imponer al exigir que las normas se interpreten de acuerdo con el propio sentido de las palabras es el de evitar interpretaciones que fuercen el tenor literal de la norma mas allá de unos límites razonablemente permisibles.

  • Interpretación sistemática. Junto a las palabras, y precisamente para aclarar su sentido más idóneo, el intérprete debe atender a la ubicación sistemática de la norma interpretada. Ello como consecuencia de que las normas raramente se encuentran aisladas; suelen, por el contrario, estar integradas en el seno de un conjunto de disposiciones.

Decidir cuándo debe prevalecer uno y otro sentido viene dado normalmente por el contexto de la norma analizada. Se establece que las palabras se analicen en relación con el contexto. Se habla en tales casos de interpretación sistemática.

  • Interpretación histórica. Las normas nacen en un contexto histórico determinado y acaso persiguiendo fines muy específicos, que solamente se aplican bien si se conoce la situación, el ambiente histórico que las vio nacer. Por esto, el articulo 3. 1º del Código civil exige que el intérprete valore también los antecedentes históricos y legislativos de la norma interpretada. Los legislativos, porque cuando se trata de una norma de carácter legal, existirán borradores, proyectos, textos extranjeros que sirvieron de inspiración… Los históricos, porque con o ha quedado dicho, ha de atenderse no solo a la pequeña historia de la elaboración de la norma, sino también al momento histórico en que nace y a la tradición jurídica que le precede.

Dicho, en otros términos: la norma, como vehículo de un mandato emanado de quien tiene reconocida la autoridad, es un producto eminentemente histórico; y solo conociendo su historia se puede entender y aplicar en un momento histórico diferente del que la vio nacer. Esta es la interpretación histórica.

  • Interpretación sociológica. Debe atenderse también, al interpretar las normas, a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Si una norma nacida en un contexto histórico determinado se debe aplicar en un momento diferente, puede producir un resultado indeseable si el cambio de las circunstancias es los suficientemente sensible.

Este criterio, llamado a veces sociológico, de interpretación viene a ser el contrapeso del elemento histórico. No basta con saber por qué y para que se dictó la norma en concreto, sino también si las nuevas circunstancias reinantes consienten o no que permanezca invariado el sentido original.

  • El resultado de la interpretación

Como consecuencia de ese conjunto de elementos de interpretación se debe obtener por resultado la averiguación del sentido de la norma. Tal sentido, reducido a su formulación esencial, al criterio que preside la norma, a la idea-fuerza que la inspira, se conoce con el nombre de ratio o ratio legis. Pero más que de un elemento de interpretación, con esos términos parece hablarse en realidad de lo que debe ser buscado por el intérprete, para, una vez que se aísla esa ratio, proceder a aplicar la norma al supuesto factico planteado. La ratio es así por qué y el para de la norma: su espíritu y finalidad.

Con la expresión “espíritu” de la norma, parece quererse hacer referencia a que las normas se encuentran animadas de una fuerza que sobrepasa el tenor estricto de sus palabras uy que debe mantenerse separada de la motivación concreta que indujo a un determinado legislador a dictarla.  Parece referirse una interpretación que procure objetivar el espíritu o voluntad de la norma, como algo independiente del espíritu o voluntad del autor de ella.

La referencia a la “finalidad” de la norma claramente impone la necesidad de efectuar una interpretación teleológica, esto es, que atienda tanto a los fines generales que persigue la norma como a los fines concretos que se consiguen mediante su aplicación al caso planteado. Por ello, cuando con una interpretación determinada de una norma se consiga un resultado contradictorio con el que la norma pretende con carácter general, tal interpretación debe ser rechazada.

  • Clases de interpretación

Atendiendo al resultado que se obtiene por la interpretación de una norma se suele distinguir entre interpretación declarativa e interpretación correctora. Esta clasificación compara, de una parte, lo que se desprende literalmente del tenor de la norma, por otra parte, el resultado de la interpretación

Así, si resultado que las palabras de la norma se adaptan con justeza y exactitud a lo que de la interpretación resulta, se dice que la interpretación ha sido meramente declarativa. Por el contrario, cuando el resultado de la interpretación produce que deban considerarse incluidos en la norma supuestos diferentes de los que su tenor literal parece indicar, se habla de interpretación correctora. Corrección que, si es en más, se llama interpretación extensiva; y, si es en menos, se denomina interpretación restrictiva.

De siempre se ha dicho que las normas que imponen limitaciones a la libertad de los sujetos, o que restringes sus derechos, han de ser interpretadas restrictivamente, en la medida en que son normas odiosas. A la inversa, las normas que favorecen la libertad de los sujetos o les dispensan mejor trato, deben interpretarse extensivamente. Con todo, es harto dudosa la corrección de mantener semejantes criterios apriorísticos a la hora de interpretar una concreta norma jurídica.

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También se efectúan clasificaciones de la interpretación atendiendo al sujeto que efectúa la tarea interpretadora. En primer término, se distingue la interpretación autentica, que es la efectuada por el propio autor de la norma a interpretar, preocupándose de precisar el sentido de la misma o aclarando como debe ser entendida alguna expresión. A este grupo pertenece el artículo 346 del Código civil.

Cuando la interpretación es efectuada por los Tribunales de Justicia, se habla de interpretación judicial o usual, dotada de extraordinaria importancia, por las razones anteriormente expuestas, al tratar de la función de la jurisprudencia.

Finalmente, la interpretación efectuada por los estudiosos, que desde un punto de vista teórico analizan el sentido de las normas, se suele denominar interpretación doctrinal.

  • La constitución y la interpretación del ordenamiento

A la hora de interpretar, el aplicador del Derecho debe buscar la averiguación del espíritu y finalidad de las normas, como ha quedado señalado. Por eso, la libertad del interprete no es absoluta, sino que queda circunscrita a los materiales que la norma a interpretar le brinde.

En la actualidad y sin perjuicio de que los principios generales puedan seguir cumpliendo esa función informadora, está claro que el intérprete debe hacer que la interpretación de las normas este en consonancia con la Constitución y los valores que la misma proclama como superiores. Por eso, el articulo 5. 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretaran y aplicaran las leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Se recoge así, expresamente, lo que ya era doctrina consagrada por el propio Tribunal Constitucional en numerosos fallos, en cuanto dicho órgano es el intérprete supremo de la Constitución.

Fuente: Curso de Derecho civil patrimonial. Carlos Lasarte

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