La jurisprudencia y la equidad

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  • La omnicomprensividad del ordenamiento

La analogía permite resolver en gran medida las lagunas de la Ley. Sin embargo, sigue aun planteándose la cuestión de si, con el concurso de medios o técnicas diferentes, puede darse solución a un conflicto carente de regulación concreta.

En el ordenamiento español la respuesta a esta cuestión ha de ser negativa. El aplicador del Derecho encontrara absolutamente siempre norma jurídica aplicable, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Así, si no encuentra Ley aplicable al caso, directamente o por analogía (legis), acudirá a la costumbre: y donde a pesar de ello siguiera sin encontrar norma concreta, habrá de aplicar los principios generales del Derecho (mediante la analogía iuris si se trata de los principios lógico-sistemáticos; directamente en los demás casos). Por eso se dice que el ordenamiento jurídico tiene vocación de omnicomprensividad.

  • Función complementadora de la jurisprudencia

Efectivamente, aunque las fuentes del Derecho sean la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho y los jueves deban fallar ateniéndose exclusivamente a tales fuentes, el propio Código civil asigna a la jurisprudencia la función de complementar el ordenamiento. Lo cual significa que, aunque la jurisprudencia no sea formalmente fuente del Derecho, sin embargo, tampoco se limita a realizar una aplicación mecánica de las normas jurídicas creadas mediante Ley, costumbre o principios generales.

Se debe ello a que, en la aplicación de las normas preexistentes, se requiere una labor de adaptación del mandato general contenido en la norma a las circunstancias del caso concreto, por una parte; por otra parte, a que frecuentemente las normas son tan generales o emplean conceptos tan abstractos y flexibles que se acaba dejando en manos del juzgador una cierta libertad de decisión al establecer la solución concreta del caso.

  • La equidad

Los aplicadores del Derecho en nuestro sistema jurídico deben aplicar la Ley, la costumbre o los principios generales, esto es, las normas que vienen dadas mediante el sistema de fuentes. Sin embargo, en ocasiones cabe que se resuelva un conflicto aplicando, no estas normas formalmente creadas y reconocidas como jurídicas, sino encomendando al juzgador que resuelva el asunto de acuerdo con los criterios de justicia que a su entender produzcan la mejor solución. Cuando se galla un conflicto sobre esta base de la concepción o intuición de lo justo y bueno que pueda tener el aplicador del Derecho se dice que se esta fallando equidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en vez de acudir a un juez, se designa un arbitro para que resuelva un conflicto sobre la base de la equidad: el llamado arbitrio de equidad, en el cual el arbitro falla solamente con sujeción a su saber y entender.

El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes lo hayan pactado expresamente. Esta posibilidad, sin embargo, es ecepcional en nuestro ordenamiento. Asi dispone el articulo 3. 2º del Código civil que “las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella (en la equidad) cuando la let expresamente lo permita” …

Junto a esa noción de equidad como suministradora del criterio con que se debe resolver un caso concreto, también se habla de equidad con otra finalidad, al señalar que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. En este caso la equidad se emplea, no como criterio de integración del ordenamiento, sino como instrumento en la aplicación del mismo, sirviendo para adaptar la generalidad y el rigor de las normas jurídicas a las circunstancias del caso concreto. Cuando tal sucede, el aplicador del >Derecho debe encontrar la norma de acuerdo con el sistema de fuentes establecido, pero al aplicarla, si se producen resultados desmesurados o injustos, debe mitigar su rigor: debe ponderarla. Claro ejemplo de ello se encuentra en el artículo 1.103 del Código civil, cuando establece que la responsabilidad en que incurre el deudor que incumple negligentemente una obligación “podrá ser moderada por los Tribunales según los casos”.

Fuente: Curso de Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte

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