Persona, personalidad y personificación. Derechos de la personalidad

Persona, personalidad y personificación. Derechos de la personalidad

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PERSONA, PERSONALIDAD Y PERSONIFICACION

El sujeto en Derecho por antonomasia es el ser humano, esto es, personas físicas o naturales para referirse al conjunto de los seres humanos.

En el mundo jurídico, han de ser tenidos en cuenta como posibles sujetos de derechos y obligaciones tanto los ser humanos propiamente dichos, cuanto ciertas entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho a personificado por razones de distinta índole. Para referirse genéricamente a cada uno de tales grupos, se ha impuesto la necesidad de hablar, de persona física de una parte, y de persona jurídica de otra.

Las personas físicas o seres humanos constituyen un dato anterior, y preexistente al Derecho; el cual existe y se justifica en cuanto tiene por misión solucionar los conflictos individuales o sociales. El ser humano, pues, es un pie respecto al Derecho.

Por el contrario, las denominadas personas jurídicas son tales solo en cuanto sean reguladas y admitidas por el Derecho positivo.

Así pues, sea por la inmanente personalidad del ser humano o por la asimilación al mismo, mediante la personificación de ciertas entidades o agrupaciones de individuos, el Derecho acaba reconociendo o atribuyendo personalidad tanto a las personas físicas cuando a las jurídicas.

  • Personalidad: capacidad jurídica y capacidad de obrar

Al hablar jurídicamente de personalidad se está haciendo referencia al reconocimiento de alguien como sujeto de derechos y obligaciones; bien porque naturalmente sea idóneo para ello (la persona física); bien porque el Derecho positivo así lo hay estimado conveniente (convirtiendo a un conjunto de ciudadanos con igual ideología política en una nueva persona: en una ASOCIACION llamada partido político).

Lo cierto es que el nacimiento de una persona física o la constitución de una persona jurídica conlleva inmediatamente la consecuencia de considerarla como un miembro más de la comunidad en que se inserta, en cuanto su propia génesis puede dar origen a derechos y obligaciones de inmediato, aun cuando tal persona no pueda saberlo, como es el caso, por ejemplo, del reciben nacido, o no pueda llevarlos a la práctica. La contraposición entre ser titular de derechos y obligaciones y ser capaz de ejercitarlos tiene enormes consecuencias teóricas y prácticas, para lo que distinguiremos:

  1. Capacidad jurídica: significa tener la aptitud o idoneidad necesarias para ser titular de derechos y/o obligaciones.
  2. Capacidad de obrar: implica la posibilidad, aptitud o idoneidad de una persona (física, jurídica) para ejercitar o poner en práctica los derechos u obligaciones que le sean imputables o referibles.

Por consiguiente, la capacidad jurídica, simplemente, se tiene o no se tiene, se es persona o no, con lo que, a fin de cuentas, los términos capacidad jurídica y personalidad vienen a ser coincidentes.

Por el contrario, la capacidad de obrar permite graduaciones en atención al tipo de acto que se pretenda realizar por el sujeto de derecho, así, por ejemplo, a un menor de edad se le permite hacer testamento a partir de los catorce años, para adoptar ha de ser mayor de 25 años…

La capacidad jurídica no significa posibilidad de actuar, sino sencillamente la posibilidad, abstracta y teórica, de encontrarse en situaciones originadoras de derechos y obligaciones y tiene un valor fundamentalmente ético o sociopolítico; colocar a todas las personas en un punto de partida presidido por la idea de igualdad, rechazando discriminaciones iniciales entre las personas.

Desde el punto de vista práctico, lo que adquiere relevancia es la capacidad de obrar que, en cada caso concreto, permitirá dilucidar si el sujeto de derecho puede realizar o no un determinado acto con eficacia jurídica.

  • La persona física: el nacimiento

La adquisición de la personalidad por los seres humanos y la consolidación d ella genérica y abstracta capacidad jurídica de los mismos tiene lugar con el nacimiento.  El artículo 30 establece dos requisitos respecto del nacido para que tal efecto se produjera:

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  1. Tener figura humana: no excluye deformaciones so falta de miembros o extremidades.
  2. Vivir veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno. EL plazo legal de supervivencia referido no significaba que hasta su total transcurso el nacido no fuera persona. Al contrario, la personalidad se adquiría desde el mismo y preciso instante del alumbramiento o parto, siempre y cuando el nacido llegase a vivir extrauterinamente veinticuatro horas.

El plazo establecido en el punto dos de este texto fue cancelado, cambiándose por “la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y enteramente desprendido del seno materno”.

En consecuencia, la supresión del plazo de vida extrauterina anteriormente vigente supone, como es obvio, que las personas nacidas vivas, aunque no lleguen a superar las veinticuatro horas de vida independiente, adquirirán personalidad y, por tanto, habrán de ser consideradas a todos los efectos como personas nacidas e inmediatamente fallecidas.

Ni que decir tiene que, en la redacción del recepto vigente, cualquier consideración a la anteriormente denominada figura humana debe tenerse radicalmente innecesaria e inoportuna, pues el texto vigente solo exige el entero desprendimiento del seno materno. Así pus, cualquier ser nacido mediante parto de una mujer, una vez separado de ella, alcanza de manera inmediata la personalidad.

LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

  • Derechos fundamentales o derechos de la personalidad

Con las expresiones derechos fundamentales o derechos de la personalidad se suele hacer referencia a un conjunto de derechos inherentes a la propia persona que todo Ordenamiento juicio debe respetar, por constituir en definitivas manifestaciones varias de la dignidad de la persona y de su propia esfera individual.

Conviene destacar que nuestra Constitución subraya la inherencia de tal conjunto de derechos al propio concepto de persona: “La dignificad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respecto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social”.

  • Una clasificación de los derechos de la personalidad

Los derechos de la personalidad pueden encuadrarse en los siguientes grupos:

  1. La vida y la integridad física. Artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer los lotes penales militares para tiempos de guerra”. Con posterioridad a la Constitución, casi veinte años después, también ha quedado abolida la pena de muerte para tiempos de guerra.

El reconocimiento constitucional del derecho a la integridad física no supone, sin embargo, que la persona pueda disponer libremente de su propio cuerpo: un contrato que tuviere por objeto la venta un ojo, por ejemplo, es considerado como algo absolutamente contrario a Derecho; pues nadie tiene, técnicamente hablando, derecho a quitarse la vida, ni a autolesionarse o mutilarse (conducta esta última que si es objeto de sanción penal).

Cosa distinta es que en atención a razones humanitarias y de solidaridad social, se permita la cesión gratuita de órganos que procuren la curación de otras personas, sin provocar el fallecimiento del donante.

  1. Las libertades. La verdadera existencia de un Estado de Derecho se evidencia en el reconocimiento de la libertad de los ciudadanos, que no han nacido para el Estado, sino al revés, en cuanto el libre albedrio es un atributo inherente a la persona humana que todo sistema jurídico debe aceptar como presupuesto. Se exige a los poderes públicos reconocer, incentivar y hacer efectiva la libertad de los ciudadanos: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En congruencia con ello, la propia Constitución contempla diversas manifestaciones de la libertad a lo largo de su articulado:

  1. La libertad religiosa y de culto.
  2. La libertad personal, en virtud de la cual nadie puede estar sometido a detención preventiva por plazo superior a setenta y dos horas sin ser puesto a disposición judicial. Ello se garantiza mediante el procedimiento de origen anglosajón denominado habeas corpus.
  3. La libertad de fijación de residencia y de circulación por el territorio nacional, incluyendo la entrada y salida del país, en los términos que la ley establezca.
  4. La libertad ideológica y de expresión.
  5. La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  6. La libertad de catedra, reguladora del derecho a la educación.
  7. La libertad informativa: “toda persona, a natural o jurídica, tiene el derecho de rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que la aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicios”.
  8. Las tradicionales libertades públicas, concretadas en el derecho de reunión y manifestación y de asociación.
  9. La libertad de enseñanza y de creación de centros docentes.
  10. La libertad de sindicación y huelga.
  11. La integridad moral y la esfera reservada. El artículo 15 de la Constitución, se refiere, junto a la integridad física, al derecho que tenemos todos a la integridad moral, esto es, al reconocimiento de la propia dignidad y al respecto y consideración por parte de los demás miembros de la comunidad. “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. La denominación de dicha ley responde al hecho de que el honor, la intimidad y la propia imagen se encuentran también protegidos por la legislación penal, que tipifica ciertos delitos al respecto; injuria, calumnia, allanamiento de morada… Su importancia radica en que, haya delito o no, las reglas indemnizatorias sobre quien desconozca la integridad moral de los demás son las mismas.
  12. La individualidad de la persona: el derecho al nombre. Es evidente que la identificación nominal de los sujetos es una exigencia inexcusable de la vida social, referida tanto a las personas físicas cuanto a las personas jurídicas. Por ello, el Derecho positivo protege la utilización del nombre desde diversas perspectivas: penal, civil y mercantil.

Respecto de las personas jurídicas, tiene una gran importancia la razón social o nombre de las sociedades mercantiles.

  • Garantía y protección de los derechos fundamentales

Atendiendo a nuestro vigente sistema constitucional, la integración de un determinado derecho en la categoría de los derechos fundamentales no es una cuestión filosófica o metodológica, sino una calificación técnico-jurídica de gran importancia práctica. El artículo 53 de la Constitución evidencia porque los derechos comprendidos en el Capítulo segundo se dividen en dos secciones:

  1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y
  2. De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Tanto los derechos fundamentales como los demás derechos ciudadanos encuentran garantía de que solo podrán ser regulados por ley, que habrá de respetar su contenido esencial y queda sometida al control constitucional.

Respecto de los derechos fundamentales, tal ley deberá tener carácter de orgánica.

De otra parte, los derechos fundamentales hozan de una peculiar garantía jurisdiccional:

  1. Su reconocimiento y respecto puede ejercitarse ante los Tribunales originarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, es decir, en un juicio con tramites abreviados y de mayor agilidad que los normales.
  2. En el caso de que algún derecho fundamental haya sido conculcado o vulnerado en cualquier proceso judicial, una vez haya ahotado los recursos judiciales ordinarios, su titular podrá recabar la tutela del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.
  • La lesión de los derechos de la personalidad y la obligación de reparación del daño

Los derechos de la personalidad tienen carácter extrapatrimonial, es decir, no son valorables en dinero ni sin susceptibles de tráfico económico. Por ello, se suele indicar que los derechos de la personalidad son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

Por lo general, dicho resarcimiento o reparación se llevará a cabo mediante una indemnización pecuniaria, en dinero, que, en cuanto petrium doloris, deje indemne al perjudicado en cualquier de sus derechos de la personalidad.

Ahora bien, la indemnización pecuniaria no tiene que existir siempre y necesariamente, ni su existencia excluye otras medidas que puedan reparar el daño causado, como, por ejemplo, la nulidad de un contrato vitalicio de arrendamiento de servicios, la entrega de los negativos de unas fotografías…

Fuente: Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte

LA PERSONA FÍSICA
Persona, personalidad y personificación. Derechos de la personalidad
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Edad y capacidad de obrar. La incapacitación
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