Prescripción y caducidad

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LIMITE TEMPORAL AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. LA PRESCRIPCION Y LA CADUCIDAD

El titular de un derecho tiene la posibilidad de ejercitar los poderes que su derecho le confiere. Tales poderes o facultades serán ejercitados en un momento concreto o a lo largo de un periodo de tiempo. La precisión del tiempo durante el cual pueden ejercitarse las facultades que se poseen varía de acuerdo con la naturaleza del derecho de que se trate, con el acto concreto de ejercicio que se pretende efectuar, etc.

Mas, en cualquier caso, parece claro y razonable que los derechos se otorgan por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que sean ejercitados efectivamente y dentro de un período razonable de tiempo. Ello es así porque quien ostenta un derecho, tiene el poder de imponer su decisión sobre otra u otras personas, que se verán afectadas como consecuencia del ejercicio de aquel derecho.

En definitiva, las exigencias de la buena fe y de la seguridad del tráfico imponen la necesidad de que se marquen límites temporales máximos de ejercicio de los derechos que permanecen actualmente inactivos. De esta forma se premia a los diligentes y se pone coto a la dejadez de los indolentes. A tal fin existen dos figuras, conocidas con los nombres de PRECRIPCION y CAPDUCIDAD, a través de las cuales se imponen esos límites temporales a la posibilidad del ejercicio de los derechos subjetivos.

  • La prescripción extintiva

Nuestro Código civil es sensible a este planteamiento, y así proclama en el artículo 1.930.2 que “se extinguen por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”; aludiéndose así a la figura de la prescripción extintiva (que ha de separarse de la llamada prescripción adquisitiva que, bajo el nombre de usucapión, como modo de adquirir los derechos reales.

  1. Presupuesto de la prescripción.

Para que la prescripción extintiva opere se requiere:

  1. Que es derecho sea prescriptible. Lo cual es la regla general en nuestro Derecho. Claramente es así respecto de los derechos subjetivos patrimoniales. También hay derecho que, en vez de prescribir, caducan.
  2. Que el derecho en cuestión permanezca inactivo, esto es, no ejercitado, pudiéndolo haber sido. Luego se requiere la falta de ejercicio del derecho de que se trate.
  3. Que transcurra el plazo señalado por la ley sin ejercitarse el derecho.
  4. Que, producido un acto extemporáneo de pretendido ejercicio del derecho, el sujeto pasivo, contra el cual se ejercita, alegue la prescripción producida y no haya renunciado a ella.
  1. Computo del plazo de prescripción.

El computo se inicia desde el momento en que el derecho de que se trate pudo haber sido ejercitado, salvo que se disponga cosa diferente. La expresión “desde el día en que pudieron ejercitarse” los derechos, ha de ser entendida en el sentido de que desde que el titular del derecho tuvo conocimiento o pudo razonablemente tener conocimiento de que podía ejercitar el derecho, ha de iniciarse el computo del plazo de prescripción. Reglas concretas de computo se contienen en el artículo 1.960.3, según el cual el primer día del plazo se tiene por entero (luego, aunque realmente el derecho se pudiera ejercitar a partir de las diez de la mañana, sin embargo, ese día se cuenta completamente desde las cero horas del mismo), mientras que el ultimo debe cumplirse del todo (luego el plazo termina a las veinticuatro horas del ultimo día). Por lo demás, se aplican las reglas generales del cómputo civil que se contienen en el artículo 5 del Código civil.

  1. Interrupción del plazo prescriptivo.

El titular del derecho que permanece inactivo puede ejercitar eficazmente su derecho mientras no venza el plazo de prescripción. Cuando cualquier acto de ejercicio del derecho se produce dentro del plazo, entonces el discurrir de este cesa, recomenzando desde el principio otra vez, caso de que tras ese acto de ejercicio comience una nueva etapa de inactividad. Cuando esto sucede, se dice que la prescripción ha sido interrumpida.

El fundamento de que esto sea así se encuentra en que falla uno de los presupuestos de la prescripción: la inactividad o falta de ejercicio del derecho y a la vez significa que el plazo de prescripción siempre se computa desde que, pudiendo ejercitarse el derecho, este no es ejercitado; y como cuando se interrumpe la prescripción el derecho se ejercita, hay que comenzar de nuevo.

El acto de ejercicio del derecho que provoca la interrupción puede ser de cualquier naturaleza, tanto judicial como del derecho extrajudicial.

Sin necesidad de acto de ejercicio por parte del titular, también se interrumpe la prescripción cuando el sujeto pasivo realiza un acto de reconocimiento del derecho.

Como consecuencia de lo expuesto, si el titular de un derecho de crédito, que este sometido al plazo de prescripción de quince años, no ejercita su derecho, no reclama el pago durante catorce años y medio, pero cuando cese momento llega dirige una carta al deudor exigiéndole que pague, la prescripción queda interrumpida. Si tras la reclamación el acreedor no consigue cobrar y deja pasar otros catorce años inactivo, de nuevo podría interrumpir la prescripción. Y así sucesivamente.

Como figura diferente de la interrupción se habla de la posibilidad de suspensión de la prescripción, haciendo con ello referencia a la hipótesis en la cual la producción de algún acontecimiento hace que deje de corree el plazo de prescripción, pero sin que se reinicie desde el principio, sino que una vez pasadas las circunstancias que provocaron la suspensión, se retomar el computo en el momento en que había quedado suspendido el tiempo. El Código civil no recoge esta figura, que puede tener particular sentido en el caso de existencia de moratoria legal.

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  1. Elegibilidad y renuncia de la prescripción.

El efecto de la prescripción es hacer inexigible al sujeto pasivo del derecho la observancia de la conducta activa u omisiva, que podía serle impuesta por el titular. Por eso, al prescribir un derecho de crédito, deja de poderse exigir al deudor que pague.

Pero este particular efecto, que produce un beneficio para el sujeto pasivo sometido al derecho subjetivo, en definitiva, le produce al mismo un provecho en principio inesperado. Por tal motivo, la ley considera que ese beneficio que se obtiene, y que sirve en concreto al interés subjetivo del sujeto pasivo, debe ser dejado en manos del propio interesado. Y en consecuencia la prescripción operara si el beneficiado por ella la alega. Luego si el beneficiado por la prescripción, una vez que frente a él se ejercite extemporáneamente el derecho ya prescrito, no alega que ha transcurrido el plazo para el ejercicio eficaz del derecho, entonces podrá ser condenado a cumplir, a pesar de la prescripción. Los tribunales de justicia no pueden, pues, apreciar de oficio, esto es, por su propia iniciativa, el transcurso del plazo de prescripción.

Por esos motivos, la ley autoriza la renuncia de la prescripción una vez que ha vencido el plazo de la misa.

  1. Principales plazos legales de prescripción.

El Código civil menciona una serie de plazos generales de prescripción. Los más importantes son:

  1. Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años, salvo la acción hipotecaria que lo hace a los veinte.
  2. Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años.
  3. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzara cada vez que se incumplan.
  4. El derecho a cobrar prestaciones periódicas pagaderas en plazos inferiores a un año prescribe a los cinco años, en los casos mencionados por el artículo 1.966 del Código civil.
  5. En el plazo de tres años prescribe el derecho a cobrar los servicios profesionales y algunos otros casos concretos, entre los que destaca la deuda por la adquisición de bienes a un comerciante.
  6. Finalmente, en el plazo de un año prescriben los interdictos posesorios o demandas que pretenden la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión o demandadas que pretenden la tutela, y asunto muy importante, el derecho a reclamar la indemnización que nace de responsabilidad civil extracontractual.
  1. La modificación del Código civil en materia de prescripción por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC-2000.

La entrada de la modificación de esta Ley ha introducido modificaciones en materia de prescripción, con la finalidad de obtener un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo.

En concreto, modifica el plazo de prescripción de las acciones personales que pasa a ser el siguiente: las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzada vida vez que se incumplan. De esta manera el plazo de 15 años se acorta al plazo de cinco años.

  • La caducidad

En ocasiones, para el ejercicio de determinados derechos o facultades, que la ley considera se deben ejercitar en un periodo predeterminado necesariamente, se fija un plazo llamado de CADUCIDAD, en vez de prescripción. Este plazo, que suele ser (aunque no necesariamente tiene que ser así) más breve que el de prescripción, limita temporalmente la posibilidad de ejercicio del derecho o facultad de que se trate, extinguiéndose ambos a la decadencia del plazo y sin que quepa posibilidad de interrupción, si bien el TS estima que no cabe apreciar la caducidad cuando se interpone la demanda dentro del plazo fijado por la ley, aunque sea ante el Tribunal territorialmente incompetente.

Precisamente las diferencias practicas entre la prescripción y la caducidad son que, la caducidad debe ser apreciada de oficio por los Tribunales (opera, pues, aunque el beneficiado por ella no la alegue) y no es susceptible de interrupción.

La apreciabilidad de oficio parece denotar que el fundamento de la caducidad se encuentra en un interés público de que ciertos derechos se ejerciten dentro del pazo señalado por la ley. Y si se observan los casos más importantes en los que juega la caducidad, fácilmente se comprende su razón.

En efecto, la caducidad suele limitar temporalmente la facultad que algunas personas tienen de impugnar una situación jurídica preexistente, Eso ocurre cuando se ejercita la acción de anulabilidad o de rescisión de los contratos o cuando se ejercitan las acciones de impugnación o reclamación de un estado civil. Así, por ejemplo, el marido puede impugnar su paternidad sobre el hijo habido por su esposa en el breve plazo de un año desde que se inscribe el nacimiento o tiene conocimiento del mismo. La ley permite impugnar la paternidad, pero considera que se debe ejercitar dentro de un breve plazo, para evitar la prolongación de la situación de incerteza que la posibilidad de impugnación comporta. No obstante, conviene recordar que la STC declaró inconstitucional el parrado 1º del artículo 136 del CC en cuanto comporta que el plazo para el ejercicio de la impugnación de la paternidad matrimonial empieza a correr, aunque el marido ignore no ser el progenitor biológico de quien ha sido inscrito en el Registro Civil como hijo suyo.

Con mucha frecuencia, la ley no se preocupa de determinar si el plazo de ejercicio de los derechos o acciones es de prescripción o caducidad. El intérprete habrá de determinarlo atendiendo a las circunstancias, desempeñando un notable papel en esta materia la doctrina sentada por la jurisprudencia.

Fuente: Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte

LOS DERECHOS SUBJETIVOS
El Derecho subjetivo y el deber. Potestades
La autonomía privada y el negocio jurídico
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