Efectos del gasto público sobre la asignación de los recursos, la inversión y el crecimiento económico

Efectos del gasto público sobre la asignación de los recursos, la inversión y el crecimiento económico

EFECTOS DEL GASTO PUBLICO SOBRE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS, LA OFERTA DE FACTORES Y LA INVERSION Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO

  • Gasto publico y asignación privada y espacial de los recursos

Como procedimiento analítico, ha de distinguirse de partida entre gastos reales y gastos de transferencia:

Gastos reales. En bienes y servicios se refiere a que, dada uno oferta de bienes en una economía, la estructura de la demanda de bienes y servicios por parte del Sector Publico puede encarecer relativamente algunos de ellos (hacia los que la demanda publica se dirija con mayor intensidad), induciendo con ello a los consumidores privados a sustituir los bienes encarecidos por aquellos que resulten relativamente abaratados.

Al mismo tiempo, es evidente que si el gasto publico promueve el incremento de algún factor de la producción, ello puede inducir un descenso relativo de su precio y, por extensión, cambios en la combinación más ventajosa de factores por parte de la empresa.

De gran interés son, por otra parte, los cambios que originan los gastos públicos de transferencia, tanto a los difiridos a las economías domésticas y unidades no lucrativas, con el objeto de elevar el nivel de su renta disponible, como las subvenciones destinadas a las empresas para rebajar los precios de ciertos artículos cuyo consumo interesa generalizar.

Las transferencias, como es sabido, pueden considerarse como impuestos negativos y, en consecuencia, su efecto sobre la asignación seria la contrapartida de los inducidos por la imposición. A este respecto, es de destacar el hecho de que, considerando en su conjunto el proceso de imposición-transferencia y teniendo en cuenta que en general las preferencias de los perceptores de transferencias diferirán de las de los contribuyentes, los cambios en la estructura del consumo pueden ser obviamente muy importantes.

  • Efectos de los gastos públicos sobre la oferta de factores y la inversión y el crecimiento económico
  • Gasto público y ofertas total y relativa de trabajo

Los gastos públicos reales, que suponen la prestación de bienes y servicios públicos a los sujetos privados, pueden ser estimulantes de una disminución de la oferta de trabajo, si constituyen servicios de los que s derivan beneficios individuales muy acusados. Éste puede ser el caso, por ejemplo, de los servicios educativos prestados por el Estado de forma gratuita o a un precio inferior a los costes directos del servicio: cuando esto sucede, el particular se ve liberado de la necesidad de obtener renta para adquirir un servicio que, de otro modo, hubiera tenido que adquirir a empresas privadas mediante el pago de un precio.  Tal circunstancia puede inducirle, con bastante probabilidad, a sustituir trabajo y renta por mayor ocio. Algo parecido sucede con aquellos bienes y servicios públicos que son complementarios del ocio (facilidades de turismo, televisión, etc).

Los bienes públicos implican un incremento de la renta real de los sujetos privados que, como tal, trae consigo un efecto sustitución de renta por ocio. Sin embargo, existen otros bienes públicos que son complementarios del trabajo y que, comportan una mejora en la retribución real laboral percibida y favorecen un incremento de la oferta de trabajo, especialmente en aquellas ocupación o empleo mas directamente relacionados con el uso de tales bienes o servicios públicos.

Respecto a los gastos de transferencia, es preciso distinguir entre los que son independientes del nivel de retribución obtenida por el sujeto de su trabajo (pensiones a los veteranos de guerra, subsidios familiares…) y aquellos otros que, por el contrario, guardan relación con el nivel de renta. En términos generales, las transferencias pertenecientes a la primera categoría tienen efecto-renta negativo, pero carecen de efecto sustitución, al no guardar relación con el nivel de renta percibido por el sujeto, por lo que tenderán a producir una reducción en el número de horas trabajadas. En contraste, el efecto sobre la oferta de trabajo de las transferencias relacionadas con el nivel renta puede descomponerse en un efecto renta, que será normalmente negativo, y un efecto sustitución positivo, que llevará hacia un aumento de la oferta de trabajo, al encarecerse el ocio en virtud de la mayor renta a que se renuncia (no solo la derivada del esfuerzo laboral, sino, además, la transferencia a dicha renta asociada).

Con todo, la practica habitual de los pagos de transferencia y de las propuestas formuladas de la imposición negativa sobre la renta no vincula la transferencia al incremento de la renta, sino que, por el contrario, van disminuyendo a medida que la renta aumenta. En estos casos, la tendencia normal será la de desestimular los incrementos adicionales de trabajo, puesto que los incrementos correlativos de renta van asociados a una reducción en las percepciones por transferencia. Este efecto general puede, sin embargo, verse en la realidad neutralizado si los sujetos prefieren obtener su renta mediante su prestación laboral en lugar de trasferencias del Estado

  • o   Gasto público, inversión y crecimiento económico

En general, la actividad del Sector Publico que se manifiesta a través de gasto tendrá unos efectos positivos o negativos sobre la inversión privada y el crecimiento de la producción, en función de los principios de intervención económica que la inspiran. Una política de estabilización implica la reducción del riesgo de fluctuación en los rendimientos privados y, por tanto, mejores expectativas del empresario e inversor privado, un mejor funcionamiento de los mercados y un mayor potencial de crecimiento económico. Algo similar ocurre con la política anti-monopolio, que asegura la libertad de dedicación de los inversores en los diferentes sectores de la economía. Sin embargo, en este mismo sentido es preciso indicar que los fallos reiterados en los objetivos de la política económica pueden inducir una mayor incertidumbre en la actuación inversora de los sujetos privados. Es más, a veces la actuación del Estado, cuando compite con los particulares a través de la empresa pública, puede generar efectos negativos sobre la inversión privada.

En un análisis pormenorizado por clases de facto, la teórica clásica sobre el crecimiento económico defiende la existencia de una relación de signo negativo entre los fastos de transferencias y la inversión y el crecimiento, al amparo de razonamientos muy diversos. Tradicionalmente se ha asegurado que e la redistribución tiende a reducir la tasa de ahorro agregada, en razón de la mayor propensión relativa al gasto de los grupos de renta bajas; que los impuestos necesarios para financiar las trasferencias acarrean una reducción de la renta disponible para inversión; que una mayor presión fiscal, simultánea a una caída de la tasa de ahorro agregada, reduce el ritmo de crecimiento a medio plazo, y, en fin, que este efecto negativo podría resultado reforzado, en no pocos casos, por la actividad de grupos de presión (grupos industriales, sindicatos, etc) interesado en obtener rentas por cauces redistributivos, por cuando los recursos empleados por estos grupos en tratar de recibir transferencias se detraen de actividades directamente productivas y tienen, por ello, un coste de oportunidad en términos de renta a largo plazo. En un plano distinto, también se ha argumentado que la subvenciones tienden a elevar l volumen de inversión privada, aunque, a un tiempo, estas inducen a un efecto-renta negativo, en el sentido de que, al compensar, en mayor o menor medida, la perdida de rentabilidad, impulsan una reducción de la inversión o propician inversiones menores rentables. Con todo, si se admite con generalidad que este efecto no puede presentarse si, como es lo normal, la subvención no se vincula a la renta percibida, sino al volumen de inversión realizada.

En lo que a gastos reales se refiere, el análisis teórico tradicional establece que la prestación de los servicios públicos por parte del Estado origina una reducción del riesgo y de la incertidumbre en la inversión, al igual que en cualquier otra actividad económica desarrollada por los particulares. Los gastos publicos en defensa, justicia, policía, etc, son ejemplos que ilustran actividades gubernamentales que disminuyen el riesgo de la inversión privada. Asimismo, el gasto publico creador de infraestructura, es decir, el capital fijo social, eleva la productividad y rendimiento de la inversión privada. En última instancia, sin gastos sociales de importancia, en especial gastos en educación y sanidad, es impensable que las económicas puedan crecer de modo sostenido.

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Gastos de inversión pública y gastos de consumo público.

La mayor parte de la evidencia empírica parece corroborar la existencia de una asociación positiva del capital público en general y la inversión en infraestructuras en particular con la productividad privada. Los resultados de estos estudios revelan que, si bien la inversión pública, al financiarse con impuestos, induce un efecto expulsión directo de la inversión privada, dicho efecto es holgadamente compensado por el efecto estimulante del capital publico en su papel de favor de producción utilizado por el sector privado y complementario del capital privado.

Estos resultados del análisis no deben llevar, empero, a la conclusión de que una política de expansión indiscriminada de la inversión en infraestructura es deseable a toda costa. De la misma manera que una inversión privada insuficiente no apoyaría, cualquier iniciativa inversora al margen de su rentabilidad, la selección de proyectos públicos debe venir siempre respaldada por técnicas de evaluación adecuadas, como puede ser el análisis coste-beneficio. Sentada esta premisa, todo hace pensar que una política de inversión pública destinada aumentar el stock de capital público, con base en la realización de los mejores proyectos de infraestructuras, puede no solo no expulsar a la inversión privada, sino además elevar la renta y el bienestar a largo plazo.

Por otra parte, desde los estudios pioneros de Shulz, la educación y la sanidad se han concebido como modalidades de gasto que incrementan el potencial producto de los individuos y las sociedades. En cualquier caso, no puede ocultarse que, adicionalmente, existen teorías y evidencia disponible para países con distintos niveles de desarrollo que propugnan que ambos gastos tienen un componente de servicios de consumo que, como tales, se detraen de otros usos directamente productivos e inducen, por tanto, un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Efecto negativo que, además, resultaría potenciado en caso de que el Gobierno produjese servicios de forma ineficiente.

Gran parte de la evidencia empírica disponible parece confirmar, por lo demás, que este resultado es, en gran medida, imputable a un efecto expulsión de la inversión productiva privada inducido por los gastos de consumo público, en cierto modo como consecuencia de que, en la mayoría de los países, esta última variable opera como bien independiente o complementario del consumo privado. EN lo que se refiere a España y los países OCDE, se ofrece asimismo evidencia empírica que respalda la existencia de un efecto expulsión directo inducido por el gasto publico corriente de consumo, pero, como ya se ha señalado, en ningún caso por la inversión pública. Antes, al contrario, estos autores constatan la aparición de un efecto estimulante de la inversión pública sobre la privada, concomitante con su efecto positivo sobre la productividad del capital privado.

OTRAS TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS DEL GASTO PUBLICO SOBRE LA RENTA PER CAPITAL Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO

La visión tradicional sobre la relación gastos de trasferencias-crecimiento económico, que de alguna forma sigue prevaleciendo en la creencia colectiva, ha sido revisada recientemente con argumentos que postulan una asociación positiva entre ambas variables y que se agrupan bajo una doble rubrica:

  • Efectos del mercado político y de otros aspectos institucionales
  • Corrección de fallos del mercado.

Con razonamientos análogos se ha tratado de vislumbrar, asimismo, u nexo positivo entre los gastos en educación y sanidad con el crecimiento.

 

 

  • Efectos del mercado político y de otros aspectos institucionales

Entre los argumentos de este primer grupo, son bien conocidos los que se fundamentan en el teorema del votante mediante y en la ineficiencia productiva asociada a la restricción institucional que se opone a las donaciones negativas en el seno de las familias.

Sabido es que en una democracia el equilibrio político-económico puede determinarse a través del teorema del votante mediante, teorema en virtud del cual las propuestas vencedoras serán aquellas que reflejen mejor las preferencias del votante sitiado en la mediana de la distribución de la variable sometida a votación. De esta guisa, en economías con gran desigualdad en la distribución de la riqueza, en las que, consiguientemente, el capital es detentado por pocos individuos y el grueso del trabajo es aportado por el votante mediante, el crecimiento tendera a descender, en tanto en cuanto este votante mediante promoverá en su favor la realización de transferencias y otros gastos públicos, financiados mediante elevados impuestos sobre el capital. Una economía tendera así a crecer menos cuanto mas poder político acaparen quienes poseen poco capital -el votante mediante- lo que, en este contexto, viene a significar que la redistribución, instrumentada por medio de impuestos, reformas en la propiedad de la tierra o reasignaciones de los derechos de propiedad sobre el capital, deviene una condición necesaria para alcanzar tasas de crecimiento eficientes, Asociación positiva entre igualdad en la distribución de la renta y crecimiento a largo plazo que, además, viene refrendada por los resultados de algunos estudios empíricos.

En apoyo de esta asociación positiva redistribución-crecimiento, se ha forjado una segunda argumentación que parte de la imposibilidad en el mundo real de que los padres obliguen a sus hijos a reintegrarles el coste de su educación al llegar estos a su edad adulta. En presencia de esta restricción, la inversión en capital humano de los hogares tendería a ser ineficientemente exigua en ausencia de un mecanismo de compensación que redistribuyese renta de hijos a pres, tal como los sistemas de Seguridad Social. Cierto grado de redistribución intergeneracional fomentaría, pues, la eficiencia productiva de la economía, con independencia de los efectos distorsionantes que las cotizaciones sociales y los impuestos pudieran tener sobre las decisiones individuales.

  • Corrección de los fallos del mercado

Otra línea argumental es la articulada en torno a las imperfecciones en los mercados de crédito, los derechos de propiedad y las externalidades en la producción asociadas al capital humano.

Bajo el supuesto de que los mercados de capitales fuesen perfectos, cabe pensar que las decisiones de inversión en capital humano dependerían no de la renta familiar, sino de la capacidad o talento de los individuos. En la practica, sin embargo, debido a la dificultad de evaluar el riesgo de impago, las instituciones financieras apenas conceden crédito para educación y exigen intereses elevados de no ofrecerse riqueza como garantía. Ciertos estudios empíricos han demostrado que la sociedad tendería a invertir una cantidad subóptima de recursos en capital humano, en perjuicio del crecimiento económico, si las decisiones de inversión en educación estuviesen condicionadas por la riqueza familiar inicial. A pesar de los efectos distorsionantes de los impuestos, la redistribución mediante transferencias de renta podría ser, en fin, una forma eficiente de moderar el efecto de las imperfecciones en el mercado de crédito.

En un sentido diferente, X Sala-i-Martin considera que, en tanto que instrumentos de protección de los derechos de propiedad y de corrección de externalidades, las pensiones, el seguro de desempleo, así como los programas de renta mínima destinados a combatir la pobreza pueden favorecer el crecimiento económico. En la medida en que las transferencias a los individuos pobres pueden desincentivar lar realización de actividades nocivas para la salud, pueden concebirse perfectamente como una forma de comprar paz social. Como corolario, la reducción en el riesgo de expropiación de derechos de propiedad sobre el output, fruto de las transferencias públicas, aumenta la eficiente productiva.

En términos similares, las transferencias pueden equipararse a una forma de comparar la salida del mercado de trabajo de aquellos individuos cuyo capital humano es bastante inferior al promedio. Dado que el proceso productivo se basa en la interacción entre individuos, quienes, por razones de edad u otras causas, tienen un capital humano relativamente bajo, reduicen el capital humano medio de sus empresas y de la económica en su conjunto, al disminuir la productividad del resto de los trabajadores. En el seno de una empresa, esta externalidad negativa puede corregirse mediante el pago de salarios ajustados a la productividad, con tal de que esta no sea negativa. La externalidad interempresas derivada de la reducción del capital gumano medio de la economía es, sin embargo, un genuino fallo del mercado, por lo que las pensiones públicas financiadas con impuestos sobre la renta podrían internalizar este efecto.

El gasto en transferencias induce, por consiguiente, dos efectos de distinto signo sobre la renta per cápita a largo plazo: un efcto positivo, tal como la corrección los efectos negativos que generan los trabajadores con bajo capital humano o la actividad criminal, uy un efecto negativo, cual es la influencia desfavorable en los mayores impuestos, en la forma de distorsiones en las decisiones de inversión. El efecto positivo prevalecerá en presupuestos de transferencias reducidos, pero aumento de este gasto a partir de niveles ya elevador afectará desfavorablemente al crecimiento económico. Existe, de hecho, alguna evidencia empírica que informa sobre un significativo efecto positivo de las transferencias sobre el crecimiento, si bien esta también sugiese que para sectores públicos de gran tamaño el efecto negativo tiende a prevalecer.

Al margen de lo anterior, varios autores han detectado un efecto positivo, igualmente significativo, de la educación y la sanidad sobre el crecimiento económico. La provisión publica de sanidad y educación podría facilitar la corrección de fallos del mercado, tales como las externalidades, las imperfecciones en los mercados de capitales que obstaculizan la inversión eficiente en educación y sanidad, así como los problemas derivados de las asimetrías de información que caracterizan a estos mercados.