Las pensiones de jubilación: justificación de los programas del gasto público en pensiones

Las pensiones de jubilación: justificación de los programas del gasto público en pensiones

LAS PENSIONES DE JUBILACION


Aunque las pensiones públicas de jubilación guardan gran semejanza con los seguros privados que cubren las mismas contingencias, entre ellos existen, no obstante, importantes diferencias. Por ejemplo, las cotizaciones (equivalentes a las primas en los seguros privados) suelen ser obligatorias, no se determinan en función de la probabilidad de que se produzca el riesgo asegurado (en el ámbito privado cuanto mayor es el riesgo asegurado mayor es el importe de la prima), y entre ellas y las prestaciones percibidas no existe una relación directa (en los seguros privados, en cambios, los pagos, en caso de producirse la contingencia, se cuantifican con criterios actuariales, de manera que la relación entre ellos y las primeras es bastante estrecha). Tales diferencias tienen su explicación, en definitiva, en que el aseguramiento público se guía no solo por criterios actuariales sino además por criterios redistributivos.

Justificación de los programas de gasto público en pensiones


Varios son los motivos esgrimidos por los defensores de las pensiones públicas para justificar la actuación pública en este ámbito. Los más destacados caben en la siguiente relación:

1.       Actitud paternalista por parte del Estado y efectos externos. En ausencia de planes obligatorios de pensiones, serian muchos los individuos que, por falta de previsión, no dispondrían tras su jubilación de los recursos necesarios para mantener su nivel de vida, incurriendo por ello en situación de pobreza. Ante este problema cabrían dos opciones: o dejar que esos individuos sufrieran las consecuencias de su imprevisión o, alternativamente, que el Sector Publico les transfiriese los recursos necesarios para garantiza su subsistencia. Para esta última premisa, desde luego, implicaría un coste adicional para los demás individuos, al tener que soportar estos una mayor carga impositiva para paliar el comportamiento poco racional de quienes confiaron en la asistencia posterior del Sector Publico. Para suprimir este efecto externo, el agente publico obliga a todos los individuos a prevenir su futuro, destinando una parte de las rentas obtenidas durante su vida laboral activa a constituir un fondo del que podrán disponer tras la jubilación.

2.       Problema de asimetría de la información y selección adversa. Las entidades privadas de seguros se encuentran en ocasiones con grandes dificultades para determinar las primeras con las que cubrir un determinado riesgo, entre otras razones porque el que se materialice o no ese riesgo depende de factores difícilmente observables. En tales casos, las compañías, en vez de cubrir el riesgo individual, aseguran el riesgo medio, propiciando así que el importe de las primas sea relativamente elevado y bajo para las personas con menor y mayor riesgo, respectivamente. Estas últimas, sabedoras además de que tienen más probabilidad de obtener los beneficios asegurados, demandaran una cantidad del seguro superior a la eficiente. Por el contrario, los individuos de bajo riesgo renunciarán a adquirir esa modalidad de seguros, aumentándose con ello el riesgo medio, elevándose consiguientemente el importe de las primas y creándose a la postre un círculo vicioso en el que solo los individuos con riesgos elevados adquirirán el seguro. La actuación del Sector Publico, aunque no acaba con estos problemas, les resta importancia, no solo por contar con mejor información sobre el comportamiento de los individuos, sino también porque reparte el coste entre un mayor número de individuos de los que cualquier empresa de seguros privada puede disponer: los trabajadores empleados de un país.

3.       Existencia de los denominados riesgos sociales. Un riesgo es social cuando, de producirse la contingencia, afecta simultáneamente a toda la población o a una parte considerable de ella. Las empresas privadas no pueden cubrir estos riesgos, por cuanto, en caso de producirse el riesgo asegurado, se verían obligadas a pagar a un número elevado de individuos, lo que les podría llevar incluso a la quiebra. El Sector Publico, en cambio, puede cubrirlos, pues dispone de recursos adicionales (los impuestos), disolviendo así el riesgo social entre varias generaciones. A este respecto, una depresión económica provoca generalmente un desempleo importante, por lo que es probable que una empresa privada que cubriese un seguro de desempleo se viera imposibilitado para cumplir con sus obligaciones contractuales. Análogamente, las entidades aseguradoras privadas difícilmente pueden garantizar la indicación de las pensiones de jubilación, al desconocer si los tipos de interés nominales se ajustaran a la inflación. El Sector Publico, en contraste, puede cubrir este riesgo pagando las pensiones con ingresos no relacionados con las primeras. En consecuencias, los programas de sustitución de rentas eliminan ciertos riesgos sociales que el sector privado no puede cubrir.

4.       Costes de transacción y administración de los seguros privados. Ante la gran diversidad de pólizas que ofrecen los seguros privados, cada individuo elige la que mejor se adapta a sus circunstancias personales. Aunque positivo desde el punto de vista de la eficiencia, este hecho conlleva, no obstante, unos elevados costes de gestión para las aseguradoras privadas. Paralelamente, los individuos, al tener que elegir entre un mayor numero de alternativas y dedicar por ello recursos para obtener información sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas posibilidades y decantarse por la que le resulte más beneficiosa, incurrirán también en ciertos costes. Es más, estos, a la hora de decidirse por un seguro privado, tendrán que tener en cuenta una seria de variables con elevado grado de incertidumbre; tales como cuantos años vivirá después de su jubilación, a que edad se jubilara, que tipo de interés podrá obtener en el mercado por su ahorro, etc. El Sector Publico, sin embargo, al elegir y ofrecer una única alternativa para todos, de modo que todos tienen cubiertos los mismos riesgos, pagan las mismas cotizaciones y reciben las mismas prestaciones, evita gran parte de esos costes.

5.       Razones de equidad. Frente a las aseguradoras privadas que, al guiarse por criterios actuariales, pagan pensiones en proporción a las primas satisfechas, el Sector Publico utiliza los seguros de pensiones como un instrumento redistributivo, dedicando parte de los recursos obtenidos de las personas con mayor renta a la financiación de mayores pensiones relativas para las personas en peor situación. Esto es, con los seguro públicos de pensiones los mejor situados reciben menos de los que han pagado vía cotizaciones, mientras que los individuos con bajas aportaciones reciben relativamente mayores prestaciones por pensiones.

Además, los programas privados de aseguramiento tenderían a exigir mayores primas a las personas en peor situación económica, al realizar estas los trabajos con mayores riesgos de accidentes e invalidez, así como a las mujeres, por contar estas con mayor esperanza de vida y atribuírseles por tanto una mayor duración del periodo de cobro de las pensiones.

6.       Otros argumentos en favor de los programas públicos de pensiones con relación a los seguros privados son, en fin, por un lado, que pueden ofrecer mayores rentabilidades que estos, en la medida en que en ellos no se satisfacen altas comisiones, no se exigen beneficio, etc, y por otro, que la probabilidad de quiebra es también mayor en las entidades privadas que en el Sector Publico.