Políticas instrumentales para el crecimiento económico estable

Políticas instrumentales para el crecimiento económico estable

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POLITICAS INSTRUMENTALES PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO ESTABLE


La enunciación de las exigencias que para el crecimiento estable de nuestra economía plantea la pertenencia de España a la UE no agota, ni mucho menos, el tratamiento que ha de hacerse de tema tan crucial. A la par que los objetivos que deben perseguirse en pro de la convergencia económica, es preciso saber cómo instrumentalizar el logro de los mismos.

Las políticas que deben adoptarse para dar cumplimiento a las exigencias del crecimiento económico estable han de alinearse, básicamente, en un doble de frente de actuaciones:

·         Las tendentes al logro del objetivo de la estabilidad económica, como base indispensable para el crecimiento económico, y

·         Las dirigidas a fomentar el desarrollo de la actividad económica del sector privado.

Dos bloques de actuaciones que se hallan estrechamente entrelazados.

  • El objetivo de la estabilidad económica como base del crecimiento económico

Cualquier análisis valorativo del comportamiento del Sector Publico en España obliga, como punto de partida, a preguntarse por su adecuación para lograr el objetivo prioritario de la estabilidad económica, como base imprescindible para el crecimiento económico; esto es, obliga a preguntarse cuales son las exigencias que la necesidad de crear un marco de estabilidad económica plantea al Sector Público español.

Como respuesta a esta cuestión, ha de discernirse entre dos tipos de exigencias:

·         Las que derivan del comportamiento de nuestro Sector Publico, desde la perspectiva de la demanda agregada, antes de la crisis y en la actualidad, y

·         Las que derivan de la conocida propensión de la economía española a la inflación.

Antes de la irrupción de la crisis de 2008, la primera de las grandes exigencias que imponía al Sector Público español la necesaria convergencia de nuestra economía con la Europa comunitaria, era su decidida colaboración en la contención del crecimiento de la demanda global, a fin de que los componentes estratégicos de esta demanda -la inversión y la exportación- evolucionasen en la medida apropiada para sustentar la aceleración del crecimiento económico sin tensiones inflacionistas acentuada, que perjudicarían nuestra competitividad exterior, ni desequilibrios de difícil sostenimiento a plazo medio en la balanza de pagos. Para promover el avance de la inversión privada e impulsar el progreso del componente de exportaciones, evitando el deterioro progresivo del saldo exterior, se hacia necesario contener el crecimiento del gasto de consumo tanto privado como público. Las autoridades económicas debían corregir el avance del consumo privado, para así evitar el subsiguiente deterioro del ahorro. Asimismo, pese a la correcta dirección de la moderación presupuestaria y la loable reducción del déficit público durante el último lustro del pasado siglo, la estabilidad económica exigía perseverar en los esfuerzos de limitación del gasto público en el futuro, diferenciando entre los gastos de consumo y de inversión públicos, por sus evidentes efectos económicos distintos.

La crisis fue, sin embargo, una aguda crisis real originada, además de por un fuerte déficit comercial, por una pronunciada caída de la demanda agregada que no se resolverá, aunque se solucione la crisis financiera. Dos son las razones que justifican esta afirmación. Por un lado, la demanda agregada es muy rígida o muy poco sensible a las variaciones del tipo de interés y, por tanto, las mayores facilidades crediticias que se estaban aportando para resolver la crisis financiera tuvieron un efecto muy limitado sobre la económica real. Por otro, el problema básico de la crisis real no está tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. La caída del PIB no se ha producido solo porque las empresas no tengan financiación para producir, aunque fuese escasa, sino porque no tienen demanda latente para sus productos. En consecuencia, hay una crisis real que solo se superaría por la vía del aumento de la demanda agregada.

A las crisis financiera y real se superpone además la crisis del modelo de crecimiento de los últimos años basado en el consumo y en la demanda de viviendas, y de espaldas a la productividad, que es lo que nos ha llevado, por su exagerado pronunciamiento, a la crisis del 2008. Uno de los retos más importantes del Gobierno era, por tanto, corregir el modelo de crecimiento, potenciando los factores que elevan la productividad del sistema y promoviendo nuevas especializaciones productivas capaces de aumentar la competitividad y generar empleo de elevada cualificación. Aun así, en el corto plazo, este no debe convertirse en un argumento para relegar las acciones compensadoras necesarias a corto plazo.

Ante una crisis aguda causada por una caída de la demanda, caben distintas opciones no mutuamente excluyentes. Una primera opción podría consistir en incrementar la demanda externa (exportaciones, turismo…). De esta opción no cabe esperar mucho a corto plazo, no obstante, por dos motivos: ante todo, porque el tipo de cambio fijo que implica nuestra pertenencia a la UEM impide, a diferencia de otros tiempos recurrir a las devaluación como vía para incrementar las exportaciones; luego, porque, aunque es indudable que la reducción de los costes de producción de las empresas mejoraría las condiciones de competitividad de la producción española para cuando la salida internación de la crisis permita un tirón de nuestras exportaciones, en el corto plazo, en una situación de crisis generalizada como la de 2008, las exportaciones difícilmente pueden asumir el papel de motor del crecimiento.

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Una segunda opción clásica es la política monetaria. A este respecto, el BCE, al igual que la Reserva Federal, han ido reduciendo significativamente los tipos de interés de intervención. Aunque con retraso, el reforzamiento de las instituciones financieras permitirá que esas reducciones puedas transmitirse a la actividad real, si existe demanda. Sin embargo, dada la rigidez de los equilibrios reales ante la variación de los tipos de interés, estas acciones previsiblemente solo provocaran un ligero aumento del crecimiento del PIB.

La tercera opción es, obviamente, la política presupuestaria o fiscal. Una expansión presupuestaria (aumento del gasto público financiado con emisiones de deuda pública, acompañado, si acaso, de ciertos cambios impositivos), destinada fundamentalmente a la inversión pública en sentido amplio, podría dar lugar, por sus efectos multiplicadores, a una reanimación de la económica privada que mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía.

En todo caso, aunque la difícil situación que atravesó la economía española imponga la relajación de la disciplina presupuestaria que implica la pertenencia a la UEM, no deberíamos entrar en una pendiente de incremento del déficit que resulte prácticamente imposible de compensar en el futuro.

Finalmente, el Sector Publico en España deberá insistir también en la aplicación de políticas estructurales complementarias que doten de mayor flexibilidad a la economía en general y al mercado laboral en particular. A este respecto, una política pretendidamente eficaz para controlar el crecimiento de los precios debería articularse en torno a medidas capaces de actuar sobre el problema de su dualidad, permitiendo que los precios se regulen por la oferta y la demanda, y en especial, que los salarios crezcan al mismo ritmo que la productividad. Una forma de instrumentalizar esta última medida sería la de indiciar la solución de acuerdo con el crecimiento previsto de los precios en el futuro.

 

  • El fomento de desarrollo de la actividad económica del sector privado

Desde la óptica del Sector Publico, el fomento de la actividad económica privada requeriría la adopción de medidas orientadas en una cuádruple dirección:

·         La promoción de la inversión pública creadora de infraestructura, con el fin de posibilitar la inversión directamente productiva, de incentivar la inversión del capital extranjero y de favorecer la presencia y concurrencia de los bienes y servicios españoles en los mercados interiores y exteriores.

·         La prestación de un nivel adecuado de servicios públicos tradicionales, en evitación de posibles estrangulamientos en la actividad económica privada.

·         La creación de un marco adecuado para el desarrollo de la competitividad.

·         Un adecuado tratamiento del proceso ahorro-inversión.