Valoración de costes y beneficios

Valoración de costes y beneficios

VALORACION DE COSTES Y BENEFICIOS

Entre aquellos proyectos cuyos costes y beneficios pueden medirse y valorarse en términos de los precios de mercado en cuyo ámbito s e producen, y aquellos otros bienes públicos puros para los que el no funcionamiento del mercado impide una valoración adecuada, existe una amplia gama de bienes en la que se encuentra el campo más indicado para el análisis coste-beneficio aplicado a la Hacienda Pública.

El principio general que ha de presidir la valoración de los beneficios y costes de ese conjunto de bienes y servicios públicos es, de partida, que esta debe realizarse siempre en función de dos magnitudes fundamentales; su utilidad social, esto es, la utilidad marginal que estos bienes o servicios reportan a los individuos, expresada por el precio que ellos están dispuestos a pagar los mismos, y el coste de oportunidad, es decir, el coste en términos de otros bienes a los que ha de renunciarse para producir una unidad adicional de tales bienes o servicios públicos.

El núcleo problemático del análisis coste-beneficio es como valorar los beneficios que ese supuesto incremento de la producción puede reportar a la sociedad, si al precio existente antes del proyecto público o al precio que este determine. La respuesta puede diferir según que la función de oferta sea o no completamente elástica.

  • Valoración de costes y beneficios en presencia de precios de mercado

En un mercado de competencia perfecta, como ya es sabido, los precios son eficientes y reflejan por tanto los costes y beneficios sociales de los bienes y servicios. En la mayoría de los casos, sin embargo, los mercados presentan fallos que impiden que sus precios puedan aceptarse sin ajustes en la evaluación social de costes y beneficios. En estos casos, ciertamente, la Hacienda Pública dispone que será necesario acudir a sistema indirectos o técnicas de calculo que, partiendo del precio de mercado y mediante los oportunos ajustes contables, permitan estimar un precio que aproxime o refleje con mayor precisión los costes y beneficios sociales que deriven del bien o servicios analizado. Conocidos como precios sombra, estos precios contables suplirán o sustituirán a unos precios de mercado que se estiman incompletos.

Tres son los casos en los que la aproximación de costes y beneficios sociales de una operación publica puede requerir la aplicación de precios sombra: la aplicación de impuestos a los bienes o recursos adquiridos por el Sector Publico, su adquisición en mercados monopolísticos y el valor del coste del trabajo empleado en el proyecto público. Analicémoslos.

  • Impuestos indirectos

Considérese un bien X susceptible de ser demandado por el Sector Público, que se halla sometido a un impuesto de alícuota constante por unidad de producto. ¿A que precio deberá valorarse el bien en cuestión, exclusivamente a su coste de producción o a experimentado en la cuantía del impuesto?

Como es sabido, el análisis coste-beneficio se sustenta en una base meramente productiva. En principio, deberá, pues, aceptarse, como criterio general, que toda situación que implique una variación del precio de mercado que surta efectos distributivos, pero sin consecuencias para la producción, no deberá considerarse en esta suerte de análisis.

El impuesto, en tanto que problema distributivo, distorsiona la competencia en el mercado, generando precios superiores a los que determinan los costes de producción, así que cualquier aproximación al precio sombra genera descontar o ignorar el pago adicional asociado al gravamen.

La compra del bien X por parte del Sector Publico induce, por tanto, un triple efecto que debe ser valorado de acuerdo con citeriores igualmente distintos:

  1. Un incremento de la producción del bien demandado, cuya valoración deberá realizarse de acuerdo con el coste de oportunidad o coste marginal de producción.
  2. Una reducción de la demanda privada, que habrá de valorarse en función de la perdida de utilidad social generada por ella y que se instrumentalizara a través del precio que los consumidores estaban dispuestos a pagar por el bien, incluido el impuesto.
  3. El aumento del precio de las unidades del bien que los consumidores privados continúan consumiendo, perdida de utilidad cuya importancia equivaldrá a la cuantía de la reducción inducida del excedente del consumidor.

La determinación del precio sobra se convierte, en suma, en una tarea no exenta de dificultades. Este precio ficticio se forjará mediante un promedio ponderado de los efectos de esa triple procedencia.

  • Monopolio

El precio de equilibrio se produce en el punto en que el coste marginal es igual al ingreso marginal.

EN rigor, al igual que en presencia de la exacción impositiva, bajo la hipótesis de la existencia de un mercado monopolístico para el bien X la demanda pública del mismo generara tanto un incremento de su producción cuanto una reducción de su demanda privada. Dos efectos que requerirán, como en el caso anterior, criterios de valoración diferentes.

ActivoEntradaSTOP /PROFITResultado
5/12/18
VENTA: 11.242
S:11.330
TP: 11.032
+210
15/11/18
VENTA: 9050
S: 9286
TP: 8664
+386
22/10/18
VENTA: 8828
S: 8890
TP: 8635
-62
24/10/18
VENTA: 7132
S: 7214 TP: 6951
+181
22/10/18
VENTA: 2758
S: 2783 TP: 2719
+39
22/10/18
VENTA: 25302
S: 25643
TP: 25046
+256
22/10/18
VENTA: 3209
S: 3294
TP: 3097
EN MERCADO
22/10/18
VENTA: 5.14
S: 5.26
TP: 5
+140
22/10/18
VENTA: 8905
S: 9031
TP: 8778
+82
17/10/18
VENTA: 9.064
S: 9.181
TP: 8839
+225
3/9/18
VENTA: 9400
S: 9500
TP: 9201
+199
10/9/18
VENTA: 9.271
S: 9300
TP: 9121
-29
10/9/18
COMPRA: 22.478

S: EN ENTRADA
TP: 23.019
+541
10/9/18
COMPRA: 7.411

S:7.384
TP: 7.480
+69
10/9/18
VENTA: 12.008
S:12.043
TP: 11.906
+102
10/9/18
COMPRA: 1.16180

S: 1.16060 TP: 1.16500
+32

La valoración del aumento de producción del bien generado por la demanda publica habrá de realizarse de acuerdo con la línea de costes marginales, en tanto que línea o curva que refleja los costes de oportunidad de dicho bien. Aunque el monopolista recibirá por el bien un precio superior al que se habría producido en un mercado de libre concurrencia (el precio correspondiente al punto de intersección de las curvas de demanda y de costes marginales), esta diferencia de precio no tendría repercusiones productivas sino solo distributivas, por lo que no debería computarse en la valoración.

En forma distinta, el criterio de valoración que se utilizará respecto a las unidades en que se reduzca el consumo privado será el precio del monopolista: el precio que los consumidores estaban dispuestos a pagar por el bien antes de la demanda pública.

Finalmente, señalar una vez más que la demanda adicional del Sector Publico inducirá un aumento en el precio del bien X que se traducirá en una pérdida de excedente del consumidor privado.

El precio sombra debería, en definitiva, recoger todas esas circunstancias.

  • Coste del trabajo

Aunque en la valoración del coste del factor trabajo empleado por un proyecto publico pueden seguirse pautas similares a las observadas en los casos anteriores, es preciso distinguir entre situaciones diferentes.

Si las personas contratadas por el proyecto se encontrasen empleadas previamente en el sector privado, el coste del trabajo que debería imputarse sería el precio de demanda de este factor, esto es, el salario bruto, que en competencia equivale al valor de la productividad marginal.

Por otra parte, si, como ocurre con frecuencia, los proyectos públicos creasen nuevo empleo para trabajadores anteriormente desempleados, el coste del trabajo a imputar diferiría según se tratase de:

  1. Desempleo voluntario, esto es, trabajadores voluntariamente desempleados por no desear trabajar al salario neto vigente, en cuyo caso el precio sombra del trabajo sería el salario neto de impuestos, al ser este la valoración marginal del ocio para dichos trabajadores.
  2. Desempleo involuntario a causa de una demanda insuficiente de trabajo. En este segundo caso, si los trabajadores empleados por el proyecto publico estuviesen recibiendo anteriormente el subsidio de paro, el precio sombra del trabajo a utilizar en el ACB sería el salario de mercado neto de impuestos y del subsidio de paro, pues este sería el coste que en tal caso reflejaría la valoración implícita del ocio. Cuando menos en teoría, ninguna persona desempleada estaría dispuesta a trabajar si la diferencia entre lo que ganaría trabajando (salario neto) y lo que preferiría (el subsidio= fuese inferior a su valoración del ocio. Obviamente esta es una valoración del ocio cuya estimación precisa no está exenta de dificultades.

  • Valoración de costes y beneficios en ausencia de mercados. Análisis coste-eficacia.

Junto a los casos precedentes, para los que la existencia de un mercado facilita el cálculo de los precios sombra, también es posible encontrar situaciones en las que la ausencia de un mercado institucionalmente organizado complica extremadamente dicha tarea. El problema que se plantea ahora es que, puesto que los beneficios y constes de la intervención pública no pueden contabilizarse por manifestarse en hechos económicos que carecen de mercado, ha de recurrirse a procedimientos de evaluación indirecta.

Uno de estos procedimientos de evaluación podría consistir en tratar de conocer la disposición al pago o la demanda de compensación manifestadas por los individuos afectados por los proyectos, aunque fuese de forma indirecta.

Asimismo, en los proyectos en que resulta imposible una valoración monetaria de los beneficios, pero si de los costes, el procedimiento convencional es recurrir a la técnica conocida como análisis coste-eficacia (o coste efectividad), que consiste en comparar los costes monetarios del proyecto con índices o medidas no monetarias de efectividad (por ejemplo, reducción de los índices de mortalidad o morbilidad en los programas sanitarios). Con esta técnica de evaluación, de amplia aplicación en los programas de gastos sociales, se seleccionaría, tras las oportunas comparaciones, el proyecto de menor coste monetario para el logro de un objeto o nivel concreto de efectividad o, alternativamente, el proyecto con mayor efectividad respecto a un coste o gasto especifico a realizar.

Finalmente, cuando, como sucede en no pocos bienes públicos puros, como, por ejemplo, la defensa nacional, no existen posibles referencias para valorar costes o beneficios desde una óptica social, podemos también dejar a los políticos, quienes toman las decisiones en representación de la comunidad, la tarea de evaluación.

  • Consideraciones adicionales

Al margen de lo expuesto hasta qui sobre la valoración de costes y beneficios de la intervención pública, aún deben hacerse algunas consideraciones adicionales sobre otros dos aspectos problemáticos del ACB: el tratamiento del riesgo y de la incertidumbre y la consideración de los efectos distributivos de los proyectos públicos.

Riesgo e incertidumbre

La primera consideración que ha de hacerse es, obviamente, la necesidad de integrar el riesgo y la incertidumbre en el análisis coste-beneficio. Al hablar de costes y beneficios de la intervención pública, así como de su valoración, se presupone con frecuencia que nos hallamos en un mundo cierto y que esos costes y beneficios no son sino datos del problema analizado. Pero la verdad es que la vida real se desenvuelve en términos de un mundo incierto que obliga al analista a estimar los efectos del riesgo y la incertidumbre si pretende una correcta aproximación a la valoración de proyectos públicos.

Para analizar el riesgo, suponga que un sujeto ha de elegir entre dos proyectos, X e Y, con idénticos costes, pero distintas expectativas de beneficios: X garantiza un beneficio seguro B, mientras que para Y se estiman los resultados alternativos de 0.5B o 1.5B, cada uno de ellos con una probabilidad del 50%. Ambos proyectos, por tanto, generarían el mismo beneficio, B, porque el beneficio esperado de Y seria, en promedio: ½ · 0.5 + ½ · 1.5.

Pese a esta coincidencia, si el sujeto tuviese aversión al riesgo, no sería indiferente ante la elección entre los dos proyectos. Preferiría X a y, porque el primer le garantiza un beneficio B y con el segundo, en cambio, se arriesga a obtener 0.5B con una probabilidad del 50%. No obstante, para evitar este riesgo, el sujeto probablemente estaría dispuesto a aceptar una cantidad cierta inferior a B a cambio de los resultados inciertos del proyecto Y; esto es, estaría dispuesto a renunciar a algo de B para ganar seguridad. Esta cantidad cierta que el sujeto intercambiaría por los resultados inciertos de Y se conoce en el ACB como equivalente monetario cierto (EMC). La diferencia entre el valor monetario esperado (VME) -en nuestro ejemplo B- y el EMC nos daría, en fin, el coste monetario del riesgo, que reflejaría el precio que un sujeto con aversión al riesgo estaría dispuesto a pagar para evitarlo.

Es importante señalar que existen proyectos en los que, aunque se conozcan sus resultados o consecuencias, se desconocen las probabilidades que puede asignárseles. Conocidos como casos de incertidumbre, la práctica usual en tales situaciones es proceder a la realización de un análisis de sensibilidad. El analista expone al político que toma la decisión de los resultados estimados para los proyectos analizados y los supuestos bajo los que se han realizado las estimaciones, así como como varían esos resultados en respuesta a los campos en los supuestos

Efectos distributivos

Para realizar un análisis consistente de proyecto no basta con valorar los costes y beneficios en términos de riesgo e incertidumbre, sino que además ha de investigarse en que medida cada coste y beneficio afecta a personas pertenecientes a distintos niveles de renta.

La forma más corriente de incluir las consideraciones distributivas en el ACB es recurrir a un sistema de ponderaciones que refleje el valor que la autoridad concede a los beneficios recibidos por los distintos grupos sociales. Si los políticos quisieran favorecer especialmente a los individuos pertenecientes a los niveles más bajos de renta, los beneficios recibidos por estos habrían de multiplicarse por el coeficiente de ponderación más elevados, mientras que a los recibidos por los situados en los restantes niveles se les asignarían coeficientes cada vez menores a medida que se subiera por la escala de rentas. Obviamente, aunque la mayor parte de los estudios sobre las cuestiones distributivas han utilizado la renta como criterio de clasificación de los individuos o familias, también podrían utilizarse otras características, como son el área geográfica, la edad, el sexo, la raza, etc.

La utilización de un sistema de ponderaciones para la consideración de los aspectos distributivos en el ACB plantea, pese a todo, algunos serios inconvenientes. Ante todo, es claro que introduce un sesgo en la selección de proyectos favorables a aquellos que benefician especialmente al grupo o grupos que se pretende favorecer. Además, dependiendo de cómo se realicen las ponderaciones, puede generar valores actuales positivos en proyectos ineficientes y determinar con ello que en el análisis prevalezcan las consideraciones políticas.

 

ACTUALIZACION DE COSTES Y BENEFICIOS

Tras la valoración de los beneficios y los costes, el problema al que ha de enfrentarse el analista es como actualizar ambas variables para proceder a su comparación, esto es, como homogeneizarlas o como referir los beneficios y costes correspondientes a años distintos a un mismo periodo de tiempo, para así poder comparar los valores actualizados de las corrientes de sendas variables. El problema a resolver, más explícitamente, es que tasa de descuento ha de adoptarse para determinar, en términos monetarios, el valor actual neto de la diferencia de las corrientes descontadas de los costes y beneficios esperados.

Las posibilidades de elección con que cuenta el evaluados son, en concreto, dos:

  1. La adopción del tipo de interés de mercado, tal como haría una empresa privada respecto a una inversión semejante.
  2. La aproximación de una tasa social de descuento mediante ajuste del tipo de interés de mercado.