La anulabilidad del contrato

La anulabilidad del contrato

La pura lógica gramatical indica que un contrato anulable será aquel que pueda ser anulado o, por el contrario, seguir produciendo efectos, en caso de que su efectiva anulación no tenga lugar.

Dicha apreciación es cierta en términos jurídicos: la anulabilidad es un supuesto de invalidez de mucha menor gravedad que la nulidad. Por tanto, en principio, su régimen jurídico se separa notoriamente del propio de la nulidad que acabamos de ver.

·         Causas de anulabilidad

1.       Todos los vicios del consentimiento; error, violencia (no absoluta), intimidación y dolo, que no van a volver a ser considerados.

2.       Inexistencia de plena capacidad de obrar en alguno de los contratantes, tal y como ocurre en los siguientes casos:

a.       Los menores no emancipados.

b.       Las personas sometidas a la tutela, conforme a la sentencia de incapacitación.

c.       Las personas sometidas a curatela.

d.       Los emancipados respecto de los contratos considerados en el artículo 323 (para el casado menor de edad).

3.       Inexistencia de consentimiento marital u oxorio (esto es, del otro cónyuge) respecto de los actos o contratos onerosos realizados por el otro cónyuge, cuando legalmente se requiere el consentimiento de ambos.

 

·         La acción de anulabilidad

La menor gravedad o esencialidad de las carencias o vicios del contrato anulable, en relación siempre con el nulo, hace que la acción de anulabilidad tenga un alcance mucho más limitado que la de nulidad, en cualquiera de los aspectos que han de considerarse.

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1.       “Solo durara cuatro años”. Cabe deducir de dicho giro que se trata de un plazo de caducidad. Ahora bien, el automatismo del plazo que conlleva la caducidad queda atenuado respecto de un buen número de supuestos de anulabilidad.

2.       El circulo de personas legitimadas para el ejercicio de la acción de anulabilidad queda limitado a las personas que hayan sufrido el vicio del consentimiento o o fueren incapaces para realizar el contrato; así como quienes, sin ser parte propiamente hablando del mismo, asumen obligaciones a causa de dicho contrato.

En cambio, por aplicación de la buena fe, excluye el código que puedan ejercitar la acción de anulabilidad los causantes del error, violencia, intimidación o dolo o las personas capaces que contraten con incapaces.

Fuente: Curso de Derecho civil y patrimonial. Carlos Lasarte

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